El sector pesquero artesanal del litoral gaditano ha expresado su satisfacción por la recuperación del atún rojo (Thunnus thynnus) a niveles históricos, un hecho que consideran un logro ambiental de primer orden gracias a las políticas de gestión y conservación aplicadas en los últimos años. Sin embargo, advierten de que este éxito se ve empañado por una distribución de cuotas que deja fuera sistemáticamente a las flotas artesanales, a pesar de su compromiso con la sostenibilidad.
Desde la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil (OPP72) denuncian que la falta de acceso al atún rojo está abocando a muchas embarcaciones a la desaparición. “La ausencia de una alternativa de pesca viable, unida a la falta de acceso a cuotas de especies rentables como el atún rojo, está empujando a las embarcaciones artesanales a una situación límite”, afirman desde el colectivo.
En este contexto, reclaman un reparto equitativo de la cuota de atún rojo, una demanda que el sector viene planteando “desde hace años” y que sigue sin obtener respuesta efectiva de las administraciones públicas. “La inacción de las administraciones competentes ante esta injusticia está conduciendo a la desaparición progresiva de una flota histórica, ejemplo de pesca responsable”, lamentan.
La situación se agrava con la merma de especies tradicionales en los caladeros del Estrecho de Gibraltar, provocada por el cambio climático, la invasión del alga asiática (Rugulopteryx okamurae) y la presencia permanente de una colonia de atún rojo que altera el equilibrio ecológico. Las consecuencias son visibles: en 2015, el puerto de Conil contaba con más de 80 embarcaciones censadas, mientras que en la actualidad apenas se mantienen 40.
Raúl García, coordinador de Pesquerías de WWF España, ha denunciado la enorme desigualdad en el reparto actual: “Mientras en puertos como el de Tarifa hay embarcaciones artesanales con apenas 1,5 toneladas de cuota de atún rojo y sin alternativas reales de pesca, grandes empresas concentran más de 3.700 toneladas destinadas al engorde. Es uno de los repartos más desiguales e injustos del sistema actual, que exige una revisión urgente mediante un nuevo decreto de reparto que priorice la equidad y la sostenibilidad".
En la misma línea, Nicolás Fernández, gerente de la OPP72, ha subrayado la responsabilidad del Gobierno central: “Hay que manifestar claramente que el Gobierno de España tiene la responsabilidad de hacer una distribución justa en base a la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sostenible e Investigación".
Fernández también ha criticado la falta de implicación del Ejecutivo andaluz: “Lamentamos el silencio de la Junta de Andalucía, que hasta la fecha no ha mostrado un apoyo firme a las legítimas reivindicaciones del sector pesquero artesanal".
Desde la OPP72 instan a las administraciones a corregir este desequilibrio y garantizar el acceso justo de la flota artesanal a los recursos pesqueros. “Es una condición imprescindible para su viabilidad futura y para la conservación de un modelo de pesca sostenible, generador de empleo y profundamente arraigado en nuestras comunidades costeras”, concluyen.
