Varios jueces y fiscales se han concentrado esta mañana frente al Palacio de Justicia para convocar un paro de diez minutos, en la línea con las movilizaciones realizadas en todo el país. El motivo de la protesta son los proyectos de ley en trámite en el Parlamento nacional, que buscan modificar el acceso a las carreras de judicial y fiscal.
Las iniciativas provienen del Gobierno central, que propone una serie de reformas orientadas a “democratizar” el acceso a estos puestos. Entre los cambios planteados, se incluye la implementación de un sistema de becas, la modernización de los exámenes y la creación de un centro público donde los aspirantes puedan prepararse para las oposiciones. Asimismo, otro de los puntos más debatidos de esta reforma es la propuesta de establecer un mecanismo excepcional que permita regularizar la situación de parte de los 900 jueces sustitutos del país, quienes actualmente cubren ausencias o vacaciones de los jueces titulares.
Las consecuencias de esta nueva serie de cambios, han advertido los asistentes a la manifestación celebrada en Rota esta mañana, son muchas, apelando a una entrada multitudinaria en la carrera judicial de profesionales sin la preparación necesaria. Ángel Moreira, titular del juzgado, las ha enumerado frente a las escaleras del Palacio de Justicia.
En primer lugar, ha comenzado, se trata de “una reforma que no responde a una demanda social. Hay cuestiones más importantes en el debate nacional, más que la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal”. Además, se ha situado en contra de la “forma de redactarlo, a través de los trámites de urgencia, lo que reduce las audiencias preceptivas de órganos constitucionales y se ha hecho a espaldas de la carrera judicial y fiscal. De hecho, el único informe que había del Consejo General del Poder Judicial es contrario a la reforma”, ha denunciado.
Por otro lado, Moreira ha manifestado que “atenta contra la imparcialidad y la eficiencia y calidad del servicio, porque va a suponer la regularización de los actuales jueces sustitutos en una cuantía que está en casi 1.300 plazas judiciales. Las últimas convocatorias de jueces que fue una de las más masivas, fueron 200 plazas. De un golpe, casi cinco años de convocatorias se van a regularizar de forma directa”, alerta. “Nuestra profesión es de una responsabilidad indiscutible que requiere de la mayor preparación y de las mayores garantías para el acceso”, continúa. “De hecho, así lo dice la Constitución que hay que acceder por los requisitos de mérito y de capacidad”.
En este orden, ha procedido avisando que “no solamente es la regularización de los jueces sustitutos, sino también la forma de acceder a la carrera judicial y fiscal. Ángel Moreira ha detallado, así, como será la nueva estructura de las pruebas de acceso. “Se va a reducir en un 47% el temario para el acceso a la carrera judicial. Se va a quitar uno de los ejercicios. Queda sustituido por un examen oral, un segundo examen de carácter escrito, también con la posibilidad de filtraciones de ese contenido. Y, en definitiva, con menor garantía de objetividad, imparcialidad, y de mérito y capacidad”, ha señalado.
Para finalizar, ha indicado que “sea crea una especie de comisión por parte del Ministerio de Justicia, del que va a depender la formación de los jueces. El Ministerio de Justicia va a poder acceder a lo que es el profesorado, con el riesgo de manipulación ideológica de las nuevas promociones de jueces”, ha concluido explicando los motivos de esta manifestación convocada.
Moreira asegura que casi 4.000 opositores se verán afectados por esta cuestión, además de las generaciones que les sucedan. No a ellos, pero, como ha resaltado el titular del juzgado, “las garantías y la calidad del servicio de justicia es algo que trasciende a todos los operadores jurídicos, y esto va en contra de las garantías del sistema”.
