Un nuevo episodio sobre el caso 'Okupas' protagonizado por Lorenzo Sánchez (RRUU), quien fuera alcalde del municipio roteño desde 2003 hasta 2010. Así, el exdirigente de Roteños Unidos ha tenido que acudir al banquillo por la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por pagar con dinero público a unos okupas con el fin de que estos desalojaran unas viviendas situadas en terrenos de titularidad del Ayuntamiento y poder poner en marcha un uso urbanístico. Las diferentes noticias que se dieron durante la época señalan que Sánchez ofreció más de 45.000 euros a los moradores para que estos pudieran hacer frente al pago de la entrada de otra vivienda. Una información que sostiene la acusación pública.
El fiscal considera que el ex regidor de Rota es autor de un delito de malversación de fondos públicos en concurso con prevaricación y fraude a la administración. Por ellom solicita cuatro años y medio de prisión, ocho de inhabilitación absoluta y 18 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde o cualquier otro puesto de elección popular de ámbito local, provincial, autonómico, estatal o europeo.
El pasado mes de diciembre, las partes implicadas en este procedimiento se dieron cita en la Audiencia Provincial de Cádiz para alcanzar un acuerdo que evitara la celebración de la vista oral. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el entonces líder de la formación política roteña con la intención de alcanzar un pacto en un acto de conformidad. De ahí que acuda este viernes a juicio.
El escrito de calificación del caso de los okupas recoge que el 10 de septiembre de 1976 el Pleno del Ayuntamiento de Rota, al querer construir una promoción social sobre unos terrenos en los que había un asentamiento de chabolas, acordó trasladar a los chabolistas a 26 viviendas, para lo cual les ofreció un régimen de alquiler por un precio muy asequible, entre 1.500 y 2.000 pesetas mensuales, sin que se aprobase la posibilidad de adquirirlas en propiedad. Pasado el tiempo, algunas de esas casas se quedaron vacías, situación que fue aprovechada por algunas personas para ocupar las mismas de manera ilegal.
Los vecinos que ocuparon ilegalmente las viviendas no pagaban alquiler al no tener título alguno que les legitimase a permanecer en las mismas. Algunos, detalla la Fiscalía, realizaron enganches para la obtención de electricidad de manera fraudulenta. Con el paso de los años como el estado de los inmuebles no era el más óptimo y se encontraban deteriorados.
Así el Ayuntamiento de Rota de aquel entonces decidió demolerlos y darle a la zona una nueva ordenación urbanística. Para ello, el 24 de octubre de 2006 la Junta de Gobierno Local, ante la propuesta de Lorenzo Sánchez, acordó el realojo y compensación económica de los propietarios o titulares de al menos del derecho de posesión, para lo cual se pactó anticipar la cantidad de 120.000 euros a la Sociedad Municipal Sursa y así hacer frente a dichas compensaciones.
La acusación pública señala en su escrito que, pese a que el entonces alcalde de Rota tenía constancia tanto del acuerdo del Pleno de 10 de septiembre de 1976, como del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de octubre de 2006, “contravino los mismos de una manera grosera y con la finalidad de beneficiar ilícitamente a varios ocupantes ilegales de las mencionadas viviendas, de manera unilateral y por su propia decisión, firmó dos convenios en nombre del Ayuntamiento y en nombre de la Sociedad Municipal Sursa en virtud de los cuales, a cambio de la cesión de los derechos que pudieran tener sobre dichas viviendas (ninguno al ser okupas), les entregaría a cargo de las arcas municipales una cuantía de dinero que se correspondía con la entrada para la adquisición de nuevas viviendas que se estaban comercializando por Promociones Castellano”.
