Otro de los 16 puntos, concretamente de las 6 propuestas planteadas, la presentó el delegado de Transición Ecológica, Pablo Gómez Martín-Bejarano, en relación con la propuesta conjunta de los alcaldes de Rota, Chipiona, Sanlúcar y Trebujena sobre los vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir. Gómez catalogó de “vital importancia” esta propuesta porque “es nuestro objetivo buscar el mayor consenso posible para evitar un prejuicio que afectaría a nuestra pesca, hostelería y a nuestro monumento natural de Los Corrales”.
La repercusión de las consecuencias a las que se enfrenta el río Guadalquivir repercute en “nuestros cultivos, playas y recursos pesqueros” señaló Gómez ante los vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir. El delegado de Transición Ecológica y concejal del grupo municipal del PSOE recordó que Rota es el municipio de la provincia con más banderas azules y uno de los más destacados en el sector turístico. A su vez, quiso alabar la importancia y especial interés que aportan Los Corrales en la localidad, además del trabajo y desempeño de conservación de la Asociación de Corraleros de Rota. Un alegato introductorio que sirvió de antesala para afirmar con contundencia que “todo este patrimonio está en peligro por los vertidos en mina, concretamente en Las Cruces y Los Frailes”.
Estos dos últimos vertidos han sido autorizados por la Junta de Andalucía, como recordó Gómez, destacando que “estos vertidos se multiplicarían por diez en comparación con lo que se venía haciendo en el río Guadalquivir”. Uno vertidos que se traducen en un aumento de la acumulación de metales en los pescados y que se filtrarán a las aguas subterráneas de la zona, poniendo en riesgo los cultivos. Esta situación lleva al delegado de Transición Ecológica a señalar que “no solo se trata de un riesgo medioambiental, sino a la salud pública”.
Este alarmante contexto planteado por el concejal socialista sirve de argumentario para sumarse a una iniciativa impulsada por otros Consistorios del Bajo Guadalquivir para “elevar la voz y ser rotundos y unánimes”. Gómez aclaró que “esta propuesta no pretende la confrontación con la Junta de Andalucía sino la unión de todos en este pleno como la representación del pueblo roteño en algo que puede suponer un prejuicio”. Por lo tanto, la propuesta se presentó como “un bien común” ante los riesgos planteados que pueden poner en jaque múltiples sectores, entornos y modos de vida de la ciudadanía roteña.
Desde el grupo municipal de VOX, a través de su concejal Silvia Bellido, afirmaron que “esos vertidos han debido de contar con unas autorizaciones por parte de la Junta de Andalucía” para instar a las autoridades pertinentes la realización de una investigación que determine si se trata de un incumplimiento de la empresa explotadora o de la institución pública. En sendos casos, Bellido pidió “una postura de defensa de nuestro campo y salud de los municipios afectados” sin “demonizar al sector minero”.
Pedro Pablo Santamaría, como portavoz de IU+PODEMOS, añadió la gravedad del asunto por el consenso conseguido por varios colectivos desde diferentes sectores ante el vertido de residuos tóxicos en el Guadalquivir. “Ponemos el foco en la gravedad del asunto y que la Junta de Andalucía, como órgano competente, tome medidas necesarias y sea tajante sin dejar ni un resquicio y se pueda poner fin a este tipo de vertidos” expresó en su intervención Santamaría.
Finalmente, en la primera ronda de intervenciones, sería el turno del grupo municipal del PP a través de su concejal Nazaret Herrera, quien cuestionó esta propuesta conjunta porque “casualmente proviene de un conjunto de localidades gobernados por un signo contrario al Gobierno de Andalucía”. Herrera mantuvo el tono escéptico ante el estudio conjunto realizado por la Universidad de Sevilla y un grupo de Ecologistas que mantienen esta investigación activa desde 2009 “cuando estaba el Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía”. Este recordatorio sirvió a Herrera para exponer que “parece que cuando gobernaba la izquierda este asunto no interesaba”. La concejala del PP no dudó de los datos científicos ofrecidos, pero recordó que “el informe señala que son datos no concluyentes”.
Estas palabras llevaron a Gómez, en su segundo turno de palabra, a afirmar que “nosotros nos tomamos muy en serio este tipo de cuestiones”. Ante la acusación popular sobre el mandato socialista en la Junta ante esta cuestión, Gómez expresó que “el informe que se dio en el momento era positivo”. El delegado de Transición Ecológica se apoyó en el informe presentado por un equipo de investigadores que muestra una cantidad de metal en el vertido que tiene una tendencia a futuro peligrosa. Así, la conclusión que se saca de los datos y que se incluye en la propuesta conjunta de diferentes municipios del Bajo Guadalquivir va en dirección de “no convertir al río en un vertedero”. Una propuesta aprobada por unanimidad de la cámara.
