El 'caso Al-Thani' entra en una nueva etapa judicial tras años de instrucción. La jueza María de los Ángeles Ruiz González, titular del Juzgado de Instrucción nº14 de Málaga, ha dictado un auto por el que se ordena la apertura del juicio oral contra el jeque Abdullah Al-Thani, sus tres hijos —Nasser, Nayef y Rakan— y cinco exdirectivos del Málaga CF por su gestión del club. La causa, que ahora pasará a la Audiencia Provincial, contempla delitos de especial gravedad.

El auto también formula acusación contra las sociedades NAS Football SLU y Nassir Bin Abdullah and Sons SL, como responsables civiles subsidiarias. En total, la Fiscalía solicita 14 años de prisión para el jeque y sus hijos, acusándolos de un delito continuado de apropiación indebida, otro de administración desleal y uno más de imposición de acuerdos abusivos.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide que los acusados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo. Todos ellos formaban parte del Consejo de Administración del Málaga CF hasta su destitución en febrero de 2020, momento en el que la entidad pasó a estar bajo administración judicial, figura que ha sido ratificada nuevamente por la jueza en este auto.

Cuantiosas fianzas

En cuanto a las consecuencias económicas, la magistrada impone una batería de fianzas que superan los 14 millones de euros. Estas cantidades deben ser abonadas en un plazo máximo de un día, en efectivo o mediante aval bancario. De lo contrario, se procederá al embargo de bienes para cubrir las responsabilidades civiles derivadas de los presuntos delitos.

El desglose de las fianzas incluye desde fondos utilizados presuntamente para la compra de vehículos, hasta gastos vinculados a lujosas viviendas como Villa Panorama, inmuebles en Benahavís o en la calle Marcos de Obregón. Solo por esta última se exige una garantía de 1,77 millones de euros. También se recogen fianzas por préstamos camuflados a través de NAS Football y cuantías directamente apropiadas por miembros de la familia catarí.

El auto hace hincapié en que los acusados no cuentan con representación legal, por lo que se les concede un plazo de tres días para designar abogado y procurador. En caso de no hacerlo, se les asignará defensa de oficio. Todo ello deberá notificarse traducido al árabe a través de comisión rogatoria, ya que residen en Catar.

El procedimiento también contempla la obligación de las sociedades mercantiles implicadas de asumir parte de las fianzas si los acusados no las abonan. NAS Football deberá garantizar 4,19 millones de euros, mientras que Nassir Bin Abdullah and Sons, 726.700 euros. Las empresas actuarán como responsables subsidiarios por su papel en la trama.

En su auto, la jueza recuerda que "contra esta resolución no cabe recurso alguno", y establece que el proceso sigue su curso sin posibilidad de frenar la apertura del juicio. Ahora, las partes tienen un plazo de diez días para mostrar su conformidad o disconformidad con la acusación, paso previo a la señalización del juicio oral.

Mientras tanto, el Málaga CF continúa bajo la tutela del administrador judicial José María Muñoz, quien gestiona la entidad desde que se intervino en 2020. Aunque el club ha logrado cierta estabilidad económica desde entonces, la sombra del pasado sigue proyectándose sobre su futuro judicial, aún incierto y con múltiples ramificaciones. Y lo más importante, sigue sin un dueño.