La Fiscalía de Málaga ha presentado ante el juzgado escrito de acusación contra el jeque Abdullah Nasser Al-Thani y tres de sus hijos, investigados por las supuestas irregularidades en la gestión de la entidad deportiva del Málaga CF y pide inicialmente una pena de 14 años de prisión para cada uno de ellos al acusarlos de tres delitos, según han confirmado las fuentes consultadas por Europa Press.
En concreto, según han precisado, a estos cuatro procesados se les acusa por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, solicitando seis años de cárcel por cada uno cada uno de los delitos y para cada uno de los acusados; y por imposición de acuerdos abusivos. Además, la acusación pública pide también penas de multa.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga dictó en febrero del año pasado 2024 un auto en el que acordó continuar este procedimiento contra nueve personas, los Al-Thani y cinco exdirectivos, a los que la Fiscalía también acusa por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Según las fuentes, la pena solicitada en estos casos es inferior a las que se pida para los Al-Thani.
Tras haberse practicado "cuantas diligencias se estimaron necesarias", la magistrada cerró la instrucción, concluyendo, igual que el ministerio público, que de lo investigado se desprende que "existen indicios racionales" de que los miembros del Consejo de Administración "se han venido dedicando, de común y previo acuerdo, a disponer, en el periodo de tiempo comprendido entre 2012 a 2019, de distintas cantidades de dinero titularidad de la entidad Málaga CF".
Todo ello, señalaba la magistrada, "sin causa legítima y con ánimo de injusto y privado enriquecimiento, causando el consiguiente perjuicio económico en la sociedad"; una actividad de supuesto "enriquecimiento injusto" que "se materializó con la connivencia y necesaria colaboración de quienes ejercieron funciones de dirección en la entidad deportiva".
La Fiscalía ha venido manteniendo en esta causa que la familia Al-Thani supuestamente dispuso "en su beneficio" cuando eran miembros del Consejo de Administración del Málaga de distintas cantidades de dinero que pertenecían a la sociedad, "vaciando patrimonialmente a la misma aún en épocas en que se encontraba en una situación financiera delicada".
Según los indicios obtenidos durante la instrucción, los procesados habrían desarrollado o colaborado en llevar a cabo varias operativas de transferencias y préstamos para la compra de coches, viajes o alquiler de viviendas, que supusieron que distintas cantidades de dinero salieran de la entidad "sin causa legal alguna, disfrazándose contablemente bajo otro concepto".
Asimismo, en la documentación analizada a lo largo de la causa existían "facturas libradas al propio club, pero para usos particulares" de la familia del jeque y se detallan las operaciones desarrolladas para la compra de acciones del Málaga con el fin de mantener la titularidad de la entidad deportiva.
Según el juzgado, los supuestos colaboradores también procesados en esta causa son el que fuera vicepresidente ejecutivo hasta mayo de 2015; el director general; el director general adjunto, ambos hasta finales de dicho año; el director financiero y el responsable jurídico.
