“Málaga es, junto con Sevilla, la provincia donde más vehículos se incautan, muchos de ellos de alta gama, además de las narcolanchas”. Este es uno de los principales motivos de la existencia de un depósito judicial de vehículos en el término municipal de Almargen. Es el cuarto de carácter público en Andalucía, ha dicho el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, durante su visita a estas instalaciones.

Este servicio que se pone en marcha en Málaga es “muy demandado y necesario”, ya que  hasta 2019 “solo teníamos uno legalmente contratado en la provincia de Sevilla inaugurado en 2010 y que daba servicio a Málaga”. En 2019 se creó un depósito en Mengíbar para dar servicio a las provincias de Jaén, Granada y Almería. Posteriormente, se puso en marcha otro para cubrir la zona del Campo de Gibraltar y desde septiembre está en marcha el de Málaga, con capacidad para 600 vehículos y más de 11.000 metros cuadrados.

Las instalaciones malagueñas garantizan que los vehículos incautados “no se deterioren para que, si es necesario, se pueda volver a inspeccionar el vehículo en busca de alguna prueba o para la devolución a su dueño”; además de asegurarse de que estén “seguros con un sistema de cámaras y control que eviten que puedan ser robados”. En el caso de las narcolanchas, en cuanto la autoridad judicial lo permite, ha explicado el consejero, “se destruyen porque no son bienes que se puedan destinar a otro uso”.

Actualmente, el depósito del Almargen custodia 275 vehículos por orden judicial de los que más de un centenar han sido trasladados del depósito de Sevilla. Actualmente, custodian cinco narcolanchas y otras dos embarcaciones menores. Estos servicios no pueden hacerse cargo de custodiar las narcolanchas incautadas en operaciones policiales si no existe un auto judicial que lo ordene. El servicio se ha adjudicado por concurso público por casi 700.000 euros, para 24 meses prorrogables, ha recordado Nieto.

El volumen de vehículos que hay que gestionar es un “problema para todas las administraciones con competencias en Justicia”. Por ello, ha dicho el consejero, requiere de una puesta en común y un trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que requisa el vehículo, la autoridad judicial que es la que tiene que decretar el depósito y la decisión que se debe adoptar. “Tenemos que trabajar en una gestión más eficiente de los vehículos y demás bienes que se incautan”, ha indicado confiando en que próximamente exista un protocolo estatal para homogeneizar la gestión de estos depósitos judiciales.