La Junta Local de Seguridad de Isla Cristina ha aprobado, bajo la presidencia de la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y el alcalde, Jenaro Orta, la adenda de modificación del Procedimiento operativo de coordinación y colaboración entre la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y el Ayuntamiento de Isla Cristina para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a víctimas de violencia de género.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, esta Adenda viene a incluir las novedades introducidas por la Instrucción 1/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo Protocolo para la valoración y gestión policial del nivel de riesgo de violencia de género y seguimiento de los casos a través del Sistema VioGén-2, vigente desde el 30 de junio de 2025, actualizando la normativa de referencia.

Este procedimiento de coordinación y colaboración entre la Guardia Civil y los diferentes ayuntamientos de toda España establece mecanismos para "una respuesta eficaz y coordinada ante situaciones de violencia machista". El acuerdo detalla las responsabilidades y procedimientos de ambas instituciones para la protección de las víctimas, incluyendo la notificación, seguimiento y ejecución de las medidas judiciales, así como la coordinación de recursos y la atención integral a las víctimas.

El documento, en esencia, establece un sistema "ágil y eficiente" para la notificación inmediata de las medidas judiciales de protección a la Guardia Civil, así como la comunicación fluida entre ambas instituciones sobre cualquier novedad o incidencia relacionada con la víctima o el agresor.

Además, define un protocolo para el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas judiciales, incluyendo visitas domiciliarias, contacto telefónico con la víctima y el agresor, y la coordinación con otros recursos como servicios sociales o centros de atención a víctimas.

Por otro lado, establece la coordinación de recursos humanos y materiales para la atención integral de las víctimas, incluyendo la asistencia policial, la atención psicológica y social, el alojamiento temporal y el apoyo legal, además de garantizar una atención integral a las víctimas; promueve la formación continua de los profesionales de la Guardia Civil y del Ayuntamiento en materia de violencia de género, así como la sensibilización de la ciudadanía para prevenir y detectar este tipo de violencia.

En su conjunto, busca asegurar "una respuesta rápida, eficaz, coordinada e integral de las instituciones ante la violencia de género". Una respuesta de "la máxima sensibilidad, que proporcione una información clara y accesible a las víctimas sobre los derechos legales y los recursos disponibles, facilitando el intercambio de información disponible entre los agentes implicados y la coordinación policial con los recursos dedicados al apoyo jurídico, psicológico y social".