La parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano ha denunciado la "pésima" gestión de la Junta de Andalucía en materia de dependencia, un "fracaso" que, según critica, sufre especialmente la provincia de Granada, con 9.500 personas en lista de espera, de las que 5.500 aún no han sido valoradas.

En la Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento andaluz, Manzano ha reprochado a la consejera del ramo, Loles López, este "maltrato" a Granada y ha calificado de "muy grave" que la provincia "concentre el 20% de la lista de espera pese a representar solo el 10,5% de la población andaluza".

"Es el doble de lo que le correspondería por población, un agravio inaceptable del gobierno de Moreno Bonilla que tendrá que explicar a las familias granadinas", ha señalado, según recoge el PSOE en una nota.

Ante esa situación, Manzano ha exigido a la Junta "una redistribución justa de los recursos, proporcional a esta realidad; y que no se dejen las bajas del personal valorador sin cubrir durante meses y meses como ha ocurrido especialmente en las zonas más rurales".

En ellas, la parlamentaria critica que obtener una valoración o una revisión está llevando un tiempo de tres años en municipios de la Alpujarra o del entorno del río Fardes.

"Vivir en un pueblo de Granada no puede ser un castigo para quienes esperan a ser cuidados", ha remarcado la socialista, para alertar de que "los propios profesionales denuncian que las valoraciones están prácticamente paralizadas en los pueblos".

Así, ha censurado que los cambios que vendió el Gobierno andaluz de Juanma Moreno como la solución definitiva "no hayan servido para nada más de un año después".

"El tiempo de espera sigue disparado con casi 600 días para resolver un expediente, siendo Andalucía la comunidad que más tarda de toda España; las listas de espera no han desaparecido como prometió Moreno Bonilla y los profesionales del sistema están quemados, desbordados y maltratados por una gestión autoritaria y deshumanizada", ha enumerado.

Por último, ha instado a la Junta a que se tome la dependencia como "una política social y no como una estrategia electoral, al primar a los grandes núcleos de población sobre los pequeños".