El movimiento ciudadano que se denominó 15M o de los indignados, se inició en España en 2011 a raíz de la manifestación convocada por diversos colectivos y las acampadas en plazas de diferentes ciudades. Este movimiento dio lugar a protestas reclamando perseguir la corrupción política, mayor división de poderes, gestionar la crisis económica evitando recortes en políticas sociales, rechazar las políticas de austeridad de la Comisión Europea y no rescatar a los bancos.
A partir de la estructura asamblearia que caracterizó al 15M nacieron por todo el país numerosos colectivos ciudadanos y diversos partidos con escasa incidencia electoral. Bajo el eslogan de que se “podía” revertir la situación política española y mejorar la vida de la ciudadanía, diversos activistas constituyeron una plataforma política de supuesto carácter transversal pero que en realidad estaba impulsada por ideas de la extrema izquierda. Así, en 2014, nació el partido Podemos con la pretensión de aglutinar el descontento social y traducirlo en votos que les permitiera gobernar. De hecho, llegó a formar parte del segundo gobierno de Pedro Sánchez.
Debido al abandono de sus ideas y al descontento social generado por el gobierno, la izquierda en general (incluido Podemos) teme que en unas próximas elecciones se reduzcan drásticamente sus votantes y para recuperarlos les vendría muy bien un nuevo 15M. Los problemas son que la situación sociopolítica actual es muy diferente a la de 2011, que sería hipócrita utilizar eslóganes como luchar contra la corrupción o la casta política y, sobre todo, que las protestas irían contra un gobierno progresista del que forma parte partidos de izquierda.
A la ciudadanía le sobran motivos para protestar, la cuestión sería cuales priorizar y cómo enfocarlos. Así, los partidos de izquierda han decidido comenzar su “15M 2.0” organizando movilizaciones contra la falta de vivienda, un grave problema que afronta la sociedad española. El enfoque ha sido centrarse en el alquiler de viviendas y culpar a de la falta de vivienda a quienes las alquilan, no a la izquierda que en los siete años que lleva gobernando no ha solucionado nada.
Para aparentar espontaneidad, el movimiento utiliza a la joven actriz Valeria Racu como portavoz del Sindicato de Inquilinas/as de Madrid, la cual encabeza manifestaciones y defiende, en redes sociales y televisiones, propuestas como “decretar los alquileres indefinidos” o “proclamar el derecho a la huelga de alquiler”. Paradójicamente, en 2019, Racu ocupó durante un año un cargo del sindicato de estudiantes SOAS en la Universidad de Londres, participando en las protestas y movilizaciones de la huelga de alquileres entre estudiantes que tuvo lugar en Londres en 2020. Al parecer, convertida ya en activista profesional, ha traído aquellas ideas a España para aplicarlas en el movimiento por la vivienda, menuda manipulación. Fuerza y salud.