Los cuatro concejales no adscritos del Ayuntamiento de Almonte, que conforman el grupo mayoritario en la oposición, han confirmado que presentarán en los próximos días un recurso contencioso-administrativo contra el Pleno celebrado este lunes, al considerar que "se ha vulnerado de forma grave su derecho fundamental a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad, amparado por el artículo 23.2 de la Constitución Española", según han expuesto en una nota de prensa.

Así, han indicado que el recurso "se fundamentará en la exclusión de los ediles no adscritos de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Administración celebrada el pasado 11 de abril. En dicha comisión se debatieron los expedientes relativos a dos contratos de gran impacto económico para el municipio: el del servicio de abastecimiento de agua, y el de gestión de la zona ORA en Matalascañas. Ambos suman más de 60 millones de euros y fueron aprobados durante el pleno de hoy a través de la mayoría absoluta del gobierno de Francisco Bella".

"El Pleno se ha celebrado a partir de un procedimiento nulo, al haberse impedido nuestra participación en la fase informativa, que es esencial para el ejercicio de nuestra función fiscalizadora”, ha explicado Miguel Ángel Jiménez, portavoz del grupo. “Se ha marginado deliberadamente a cuatro concejales que representan casi el 20% del Pleno. Y lo más grave es que se ha hecho a pesar de las advertencias formales que remitimos a la Secretaría General y a la Alcaldía”, ha apuntado. 

El escrito de impugnación presentado previamente por los concejales incluye "un elevado número de sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo que respaldan de forma unánime el derecho de los concejales no adscritos a participar con voz y voto en las comisiones informativas. No se trata de una cuestión opinable ni menor. Se trata de jurisprudencia consolidada en materia de derechos fundamentales. No hay margen para la interpretación”, ha subrayado Jiménez.

Zona azul de Matalascañas

Especialmente controvertida ha sido la aprobación del contrato de la zona ORA, que afectará a la localidad de Matalascañas durante las próximas tres décadas. La propuesta, además, "no ha contado con el respaldo de ningún grupo de la oposición ni de los colectivos sociales locales", ha indicado Jiménez.

“Es legítimo que el gobierno tenga su mayoría. Lo que no es legítimo es utilizarla para actuar al margen de la legalidad constitucional”, ha añadido el portavoz. “Si tienen los votos para aprobar estos contratos, ¿por qué excluirnos del procedimiento? ¿A quién molesta que ejerzamos nuestras funciones representativas? ¿Qué necesidad hay de vulnerar derechos fundamentales cuando ya se tiene garantizada la aprobación por mayoría?”, ha recalcado.

Los ediles han insistido en que "se trata de una vulneración directa del marco constitucional. Además, consideran que los acuerdos adoptados hoy carecen de validez jurídica al haberse construido sobre una base viciada, y anuncian que solicitarán la nulidad del Pleno en su conjunto, así como de los expedientes aprobados".

El grupo no descarta ampliar su estrategia jurídica si persiste lo que consideran una “deriva excluyente” del actual equipo de Gobierno. “Vamos a defender el derecho de los concejales a participar en las instituciones, no por nosotros, sino por los ciudadanos a los que representamos”, ha concluido Jiménez.