Dieciocho de las 67 familias afectadas por la ejecución de la 7ª de remodelación del Cerro del Moro “resisten a las presiones de la Junta de Andalucía y no han firmado los contratos de venta de sus actuales viviendas para acceder a los nuevos pisos en régimen de alquiler durante 50 años”.
El portavoz de los vecinos, Enrique Estévez, informa a VIVA CÄDIZ, de que “el resto, o se asustaron ante las medias verdades o asumiendo mentiras que se les contó” desde la Administración andaluza, “que legalmente no son factibles ni podrán cumplir”.
Estévez lamenta que, pese a que solicitaron hace meses una reunión con Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía “nos remitió a la Consejería de Vivienda y aún estamos esperando a que nos reciba”. “También seguimos esperando la mediación de nuestro alcalde (Bruno García)”, agrega.
De manera que “se mantiene el criterio de la delegada del Gobierno (Mercedes Colombo), que no está dispuesta a negociar nada ni explicar la situación se limita a decirnos que o tomamos o dejamos la oferta”, denuncia, “en contra de los requisitos y transparencia que demanda el Defensor del Pueblo Andaluz”.
Al respecto, Estévez esgrima una resolución de Jesús Maeztu que “afea” la actuación de la Administración autonómica, sostiene.
El documento, al que ha tenido acceso este medio, “echa en falta transparencia en la actuación” de la Junta de Andalucía” y expresa su deseo de que “la Agencia (de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) hubiera adoptado una actitud proactiva para hacer efectivo el derecho a ser oído” por parte de los afectados.
Por otra parte, si bien sostiene que “la Administración ha garantizado el derecho a una vivienda digna, adecuada a la condiciones socioeconómicas de sus destinatarias”, se pregunta si “a los efectos de poder acceder a una vivienda de alquiler con opción a copra de quienes disponen de condiciones económicas suficientes, se ha considerado la posibilidad de ofrecérselas en otras promociones existentes en la actualidad o a futuro, como pudiera ser la que se tienen previsto construir en la parcela resultante de la 8ª fase”.
En cualquier caso, recomienda que la Junta de Andalucía informe con carácter general a las familias “si existen limitaciones económicas para acceder a las nuevas viviendas y cómo se van a solventar, así como los derechos y las obligaciones que les asisten una vez suscriban los contratos de alquiler en las nuevas viviendas y las medidas de minoración de rentas si el precio mensual de la vivienda adjudicada supera la capacidad económica de los destinatarios y los derechos de subrogación de sus familiares.
Finalmente, el Defensor del Pueblo Andaluz propone que “se contemple encargar uina nueva valoración de las viviendas a demoler o se admita el estudio de cualquier otra aportada por la plataforma de afectados que pudiera dar una mayor satisfacción a sus demandas”.
“En definitiva, se trata de poner en el centro de su atención a las personas, poniendo fin a una actuación que se ha cronificado en el tiempo”.
