El Ayuntamiento apura al máximo los plazos para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, pese a la amenaza del Gobierno de España de anular las ayudas para el transporte públicos, recién concedida a Cádiz, si a finales de este año no se hace efectiva la medida encaminada a reducir la contaminación.
La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 4 de abril la licitación del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto técnico de la Zona de Bajas Emisiones y este viernes se adjudicó finalmente. El plazo de ejecución del contrato, sin embargo, es de un máximo de siete meses desde la formalización por parte de Desarrollo Organización y Movilidad, por 12.500 euros. De manera que habrá que darse prisa.
La empresa tiene encomendadas, entre otras funciones, la delimitación del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, incluyendo la delimitación de las vías urbanas o barreras naturales que delimitan su perímetro, las estaciones de medición de calidad del aire (mapa, coordenadas geográficas) o puntos de muestreos definidos para las campañas de los indicadores de calidad del aire, así como áreas de superación de los valores límite, en su caso. Y, además, planteará las medidas de mejora de la calidad del aire y mitigación de emisiones de cambio climático.
El Ayuntamiento, por su parte, ha invertido ya 3 millones de euros en la instalación de una vasta red de cámaras de control y el sistema informático para garantizar su funcionamiento. Asimismo, según han reiterado en varias ocasiones tanto el alcalde, Bruno García, como el responsable del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Cossi, se trabaja en la redacción de una ordenanza. Pero cabe recordar igualmente que el equipo de Gobierno informó de que antes de Carnaval se pondría a prueba la Zona de Bajas Emisiones durante seis meses, sin sanciones, y nunca se cumplió.
