Casi tres meses después de que Tamara Manzano entregara las llaves de la casa de Procasa en Guillén Moreno que ocupó ilegalmente sigue deshabitada, según denunció Luis García, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), este martes en La Orilla, el programa que dirige y presenta Pedro Espinosa en 7TV.
VIVA CÁDIZ, que dio cuenta del procedimiento que siguen Servicios Sociales y la empresa pública ante casos como el de María Rosa en su edición del 7 de abril, informando igualmente que se habían destinado 2,6 millones de euros en ayudas para vivienda en 2024, ha preguntado en esta ocasión por qué la casa de Tamara no se ha asignado a otra familia.
Fuentes municipales ha n explicado que, una vez recuperado el inmueble, Procasa instala un sistema anti okupación que conecta con la Policía Nacional.
Con posterioridad se hace una valoración de las reformas que precisa el piso por parte de los técnicos de Procasa y se remite a la empresa adjudicataria, Construcciones Butrón, para que proceda a su rehabilitación y reforma, algo que, como dijo el alcalde el viernes, “lleva su tiempo”.
En este sentido, las fuentes consultadas concretan que el importe de cada actuación depende de las condiciones en las que se encuentre la casa, pero la media es de unos 7.800 euros, si bien hay algunas que han superado los 30.000 euros.
Cuando la vivienda está reformada y lista para recibir a una nueva familia se pasa al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y se adjudica, añaden finalmente.
