Jueces, magistrados y fiscales de Cádiz han llevado a cabo un paro de diez minutos en la mañana de este miércoles a las puertas de los Juzgados de San José y en la Audiencia Provincial para advertir de la “amenaza de la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea (UE) por las recientes iniciativas legislativas”.
En el manifiesto que han dado lectura, apuntan al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Respecto al primero, lamentan que se tramite “injustificadamente” por la vía de urgencia, dado que no hay demanda social alguna, y apuntan que hay un informe técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “muy crítico” porque “va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”.
“Entre otras medidas, como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales, poniendo a Europa como excusa”, alertan. De este modo, “se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”.
En cuanto al segundo anteproyecto, censuran que “se quiere aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumando a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.
El manifiesto concluye indicando que “estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”.
Ante esta situación, jueces, magistrados y fiscales han reivindicado “un poder judicial fuerte e independiente y una Fiscalía imparcial y autónoma”.
“No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente. Por todas estas razones, y con este paro, pedimos la retirada de ambos proyectos”, añaden, sin descartar “la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga”.
