Mañana, a las 9.15 horas, comparecerá ante el juez en calidad de investigado Demetrio González, director Económico de la Central de Compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz. González, que será recibido a las puertas del Juzgado de Instrucción nº 3, en calle Los Balbos, por miembros de la Marea Blanca para reivindicar que los recursos de la Junta de Andalucía se destinen exclusivamente a la sanidad pública, responderá ante la jueza en el marco de la investigación de un supuesto delito de malversación en relación a los contratos SAS tramitados por el procedimiento de emergencia, tras una denuncia presentada por Podemos y la declaración, el pasado 2 de abril, de los interventores de la Junta José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, a quienes la titular de dicho juzgado, Rosa María García Jover, acordó citar en calidad de testigos.
La investigación judicial partió de los informes de los propios interventores de la Junta de Andalucía, que apuntan a que se adjudicaron de forma irregular” contratos por valor de 235 millones de euros, “pese a que existían advertencias claras de ilegalidad”.
Podemos concreta que el informe de de la Intervención General sobre el Hospital Puerta del Mar de 2021 alertó de prórrogas irregulares y contratos en situación de “prórroga forzosa”, fraccionamiento ilegal de contratos para eludir controles, contratación de emergencia sin justificación suficiente y falta de documentación en convenios con ayuntamientos y fundaciones. Según la formación, entre la empresas con prórrogas forzosas e incumplimientos figuran UTE Seguridad SAS Cádiz, Control y Montajes Industriales CYMI, Alimentación Mediterránea de Catering, Zardoya Otis, Fresenius Medical Care España, Genesiscare España Sur y Clece; y entre las clínicas privadas, Hospital Juan Grande, Hospital Jerez Puerta del SurDesarrollo Andaluz de Diagnóstico por Imagen, Centros Médicos Asistenciales de Medicina y Clínica Resonancia Magnética Abierta de El Puerto.
Podemos considera, por lo tanto, que se han mantenido contratos durante más de una década sin licitación pública, beneficiando a las mismas firmas; se han otorgado múltiples contratos menores en lugar de un contrato único sujeto a licitación pública, “lo que elimina la competencia y fomentas el clientelismo”, y varias clínicas privadas han recibido contratos públicos sin nueva licitación, “desviando recursos públicos a la sanidad privada sin garantía de que es la mejor oferta”. “Queremos saber quién dio luz verde a todo esto, pese a los avisos”, apuntó el coportavoz del partido en Andalucía, José Manuel Jurado.
