El PP ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no dimite porque "el Gobierno está pidiendo que se quede" ya que "es un pilar más" en la defensa que tiene el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ante todos los casos de corrupción que el asolan".
Así lo ha asegurado la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Ester Muñoz, en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, en la que ha augurado que si el fiscal general es condenado, "el relato del Gobierno" será que "hay lawfare" y que "se persigue a la izquierda".
"Yo tengo la impresión de que es el Gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un puente más, es un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan", ha aseverado Muñoz, al ser preguntada sobre si García Ortiz debería dejar su cargo.
En su opinión, "un fiscal que tiene que perseguir delitos y está siendo investigado por presuntamente cometerlos" no está cumpliendo "bien" sus funciones y debería dejar el cargo. En el caso de que se aferrara a él, "tendría que ser el Gobierno de España el que le cesara".
Como considera que el Ejecutivo no lo cesará, ha anticipado que "cuando le condenen" el relato del Gobierno será que "hay lawfare" y que les "persiguen porque son de izquierda". "Si es que ellos ya se están poniendo a la venda antes de la herida, desgraciadamente", ha lamentado.
LOS DELITOS FUERON ORDENADOS POR MONCLOA
También se ha referido al fiscal general el secretario general del PP, Miguel Tellado, que en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha expresado que "evidentemente" García-Ortiz "tiene que dimitir" y la obligación del Ejecutivo "sería exigirle la dimisión".
"Lo que ocurre es que los presuntos delitos cometidos por el señor García-Ortiz han sido ordenados desde el Palacio de la Moncloa y por eso Sánchez apoya y abraza al fiscal general del Estado, que él mismo nombró", ha afirmado el 'número dos' de Génova, denunciando una situación "inaudita en Europa" porque "nunca un fiscal general" en ningún país de nuestro entorno "mantuvo su cargo" al ser procesado.
Tellado ha coincidido con Muñoz en que la persona que tiene entre sus tareas perseguir delitos "no puede sentarse en el banquillo para dar cuenta de los presuntamente propios", y que eso "desde luego degrada la imagen" de la Fiscalía, y de las instituciones democráticas de España.
