El único análisis científico que existe sobre la afección de los vertidos de metales de la mina Cobre Las Cruces al Guadalquivir y a su estuario procede de las muestras que realiza la propia empresa y sólo de los albures, reflejando niveles por encima de los permitidos en el 31%, pero no hay ningún informe científico más y de ningún otro animal o especie vinculada a la ribera. La plataforma SOS Guadalquivir lo tiene claro: hay que hacer una moratoria de los vertidos mineros y que un comité de científicos independiente evalúe si hay o no contaminación, no sólo en los albures, sino en los cangrejos azules, las galeras o el famoso langostino de Sanlúcar de Barrameda.

“Que escuchen a la ciencia, que hay muchos otros puestos de trabajo en peligro”, resume sobre la situación de los vertidos mineros al Guadalquivir el catedrático de Ecología Jesús Castillo, uno de los redactores de ese único informe, el que analiza la bioacumulación de metales en los albures junto al vertido de la mina Cobre Las Cruces, ubicada en Gerena. 

Los datos a partir de los que se hizo el estudio son de la propia CLC, recogidos por empresas contratadas por ella y entregados a la Junta de Andalucía, son datos públicos y lo que reflejan es que hay bioacumulación elevada de cromo y magnesio en los albures y, sobre todo, que en niveles de plomo sí se llegó a superar los niveles máximos permitidos en el 31% de los ejemplares del muestreo.

La clave, los sedimentos

La clave, sin embargo, no está en las aguas, donde se calculan que se han vertido entre 2009 y 2023 en torno a 12.150 millones de litros con metales y biometales. El quid de la cuestión está en que se están depositando en los sedimentos del río y su estuario que podrían afectar a otras especies, animales y vegetales, que viven y comen del Guadalquivir y de sus riberas. 

“Se están moviendo las alcaldías, las cofradías de pescadores y la COAG con el arroz”, relata Castillo, que tiene claro que hay que hacer más estudios con múltiples especies, especialmente las que son bioacumuladores de metales, y recuerda que ya con el vertido de Boliden de Aznalcóllar se prohibió durante cinco años comer galeras, ya que, como con el cangrejo azul, se alimentan en el fondo.

“Hay tantas cosas que se desconocen”, lamenta Castillo, que habla directamente de “principio de precaución” para dejar que sean los científicos, un comité de expertos independientes, los que lideren esa investigación, y una moratoria que paralice hasta entonces los vertidos. 

Los vertidos que vienen

Y advierte. Ya hay un daño ecológico por mucho que se diga que se cumple la legislación, por lo que “si coinciden la reapertura de Aznalcóllar de Minera Los Frailes (39.780 millones de litros) con el segundo vertido autorizado ya a Cobre Las Cruces (85.520 millones) se multiplicará por diez la contaminación que ha habido”.

“Si no entran en razón, va a ser muy desagradable”, se lamenta el ecólogo, que acusa a las administraciones de poner “una alfombra roja a la contaminación minera, es inaudito”. Y señala responsables en el caso de los albures: si el 31% de las muestras de estos peces tenían concentración de plomo por encima de lo permitido, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente (ahora de Catalina García) debía haber informado a Salud y Consumo (Rocío Hernández ahora) y a Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (Ramón Fernández Pacheco) y lanzar una alerta alimentaria.

Eso no ocurrió. Tampoco cuando, tras las lluvias de marzo, se detectó la filtración al río Agrio que llega hasta Doñana, de aguas contaminadas de la antigua escombrera de Aznalcóllar que ahora gestiona Minera Los Frailes. “El mismo día que hicimos público el informe, la CHG publica que se informó a la Junta”, recuerda, cuando Confederación pudo presentar una denuncia directamente a la Fiscalía de Medio Ambiente por daño ecológico, porque “no es suficiente informar a la Junta”. Y apunta más allá: también la Fiscalía pudo actuar de oficio, más con las publicaciones que están saliendo en prensa, “y no lo ha hecho”.

Seguirán con los estudios

Castillo avanza que los científicos que ya trabajan con los vertidos van a continuar analizando sin esperar a los responsables públicos y en septiembre presentarán otro estudio, que se publicará en una revista científica, que demuestra que “hay altas concentraciones de metales ecotóxicos en el estuario interior y en la desembocadura”. 

E insiste frente al discurso de los responsables de la Junta, especialmente de la Consejería de Industria, Energía y Minas con Jorge Paradela a la cabeza: “aunque cumplan con la ley, con las autorizaciones y las evaluaciones de impacto ambiental, hay un daño ecológico”. 

“Hay una exposición a contaminantes descontrolada”, resume, por lo que Castillo insiste en pedir una moratoria de los vertidos actuales y futuros y, sobre todo, que se permita hablar a la ciencia y que un comité de expertos independientes pueda avaluar el impacto real, presente y futuro, de la minería.