“El caso de Punta Umbría es solo un ejemplo visible de una realidad que afecta a toda la costa andaluza: la música en directo no está prohibida, pero sí extremadamente regulada”. Quien habla es Rafael Barba, secretario general de la Asociación Provincial de Hostelería de Huelva, que a raíz de la situación que se vive este verano en Punta Umbría, ha lanzado a través de sus redes sociales una extensa reflexión en la que pone el foco en la Junta de Andalucía y en sendas normativas que complican mucho la situación.
Los chiringuitos del municipio costero de Punta Umbría, en plena temporada alta, viven una situación complicada, con todos sus conciertos cancelados tras un auto judicial que provocó, en primera instancia, la clausura del chiringuito Casa Diego en la Canaleta tras una denuncia vecinal por el ruido.
El efecto colateral ha sido la suspensión de la programación musical en el resto de establecimientos hosteleros ante la ausencia de cobertura legal.
Aunque son muchos los que señalan al ayuntamiento, Barba pone el foco más arriba, en la Administración autonómica.
Así, ante la pregunta de si es legal programar conciertos o sesiones de música en directo al aire libre en establecimientos como bares, terrazas o chiringuitos, responde que “la respuesta, aunque incómoda para muchos, es firme desde el punto de vista técnico/jurídico: no, salvo en supuestos muy específicos y debidamente autorizados. Y es la propia Junta de Andalucía, con dos gobiernos distintos en dos momentos clave, la que ha endurecido y delimitado claramente esta cuestión”.
Barba explica que “el primer gran marco normativo que encorsetó la posibilidad de programar música en vivo en espacios no específicos fue el Decreto 155/2018, aprobado el 31 de julio de 2018 bajo el gobierno de la presidenta Susana Díaz (PSOE-A)”.
Este decreto, conocido como el Nomenclátor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, clasificó todos los establecimientos de uso público y definió qué actividades podían o no desarrollarse en ellos. En lo que respecta a la música en directo, “no se permite por defecto la celebración de conciertos, sesiones de DJ u otras actuaciones con reproducción sonora en bares, chiringuitos o terrazas”. No obstante, hay excepciones: si la actividad figura expresamente en su declaración responsable de apertura, si se solicita una autorización extraordinaria u ocasional al Ayuntamiento correspondiente, o si el establecimiento está reclasificado como local de espectáculos públicos.
La “segunda vuelta” de tuerca llegó hace escasos meses: “El 24 de febrero de 2025, ya bajo el gobierno de Juanma Moreno (PP) -reelegido presidente en 2022 con mayoría absoluta-, el Consejo de Gobierno aprobó el nuevo Reglamento para la Preservación de la Calidad Acústica en Andalucía, publicado como Decreto 50/2025”.
Este texto, promovido por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, “endurece aún más las condiciones para actividades musicales, especialmente en entornos abiertos y residenciales”, pues según explica Barba, obliga a estudios acústicos previos para cualquier actividad que supere determinados niveles de emisión sonora, impone el uso de limitadores-controladores de sonido homologados y precintados, establece niveles máximos de ruido muy exigentes, especialmente en horario nocturno (45 dB(A) en zonas residenciales) y permite a la administración adoptar medidas inmediatas ante incumplimientos, incluyendo la clausura cautelar.
En este escenario, la música ya no puede sonar libremente desde un altavoz hacia la playa si “no se ha tramitado la autorización como espectáculo público, no se ha realizado un estudio acústico previo y no se respetan los límites de emisión y horarios establecidos”.
El problema, explica Barba a Viva Huelva, es que para que el Ayuntamiento pueda conceder esa autorización, son tantos los requisitos que hay que cumplir que los negocios lo tienen muy difícil.
En definitiva, explica Barba, “dos gobiernos distintos -uno socialista en 2018 y otro popular en 2025- han creado una pinza normativa que deja poco espacio a la improvisación musical en el sector hostelero”.
“El debate social está abierto, pero el marco jurídico es claro. Los empresarios que deseen seguir ofreciendo música en sus terrazas deberán adaptar sus instalaciones acústicamente, tramitar las licencias correspondientes o replantearse su oferta artística”, añade.
Mientras tanto, el representante de los hosteleros onubenses explica que desde hace meses, junto a la Federación Andaluza de Hostelería, están en conversaciones con la Junta de Andalucía para buscar una solución a un problema que se ha acrecentado tras el auto judicial de Punta Umbría y que puede provocar un efecto dominó en toda la costa andaluza.
“Algunos seguiremos trabajando en intentar convencer a nuestros responsables políticos de la necesidad de cambiar la norma y no creernos que somos tan europeos como los finlandeses o suecos, al menos en cómo vivimos y cuáles son nuestras costumbres de cara a disfrutar del ocio”, finaliza.
