Ver para creer y conocer para indignarse y posiblemente algo más. Las redes, los medios de comunicación y, sin ir más lejos, situaciones muy cercanas de padecimientos de personas amigas, conocidas o familiares, presentan la realidad de que el sistema sanitario Andaluz y Español está deteriorándose a un ritmo vertiginoso. Más indignación, si cabe, cuando el Presidente de la Junta de Andalucía el Sr. Moreno Bonilla hace esta declaración: “La sanidad tal como va envejeciendo la población y tal como va cambiando va a llegar a un punto en donde será inviable”. ¡Sí, así de claro lo tiene D. Juan Manuel! Quién puede justificar el cobro de impuestos si está asumiendo que el sistema público de salud será inviable, a pesar de las enormes cantidades de dineros que se recaudan. El incremento impositivo en los últimos 20 años ha sido enorme por parte de todas las administraciones, ya que cada una de ellas se apodera de una parte de lo que se le recauda al pueblo. Y la justificación legal y moral de ello es que con lo recaudado se garantiza la prestación de los servicios públicos. ¿El día que el pago de impuestos no conlleve esa garantía, quien tendrá capacidad legal y moral de exigirlos? La declaración tiene su miga ya que D. Juan Manuel viene a reconocer que no podrá mantener la sanidad publica aunque se haga lo que se haga. Le ha faltado añadir que se estaría refiriendo a la sanidad pública, por lo que el “sálvese el que pueda” parece estar servido. De ahí el apoyo incondicional a las empresas privadas que mercadean con la salud. Que el porvenir estará plagado de retos es más que evidente. La referencia al envejecimiento poblacional supone preveer una mayor demanda de servicios, un aumento de enfermedades crónicas y una mayor necesidad de cuidados de larga duración, más recursos a la ley de dependencia. Hay quien introduce en esta ecuación la jubilación de un gran número de profesionales sanitarios, pero este aspecto denota una ineficiente gestión tanto de los sistemas de formación inicial como de las contrataciones de personal cualificado como relevo generacional.

Pero quien debe afrontarlos no puede llegar a la conclusión de que el pueblo andaluz es incapaz de resolverlos. Perder la fe en el pueblo es el peor escenario de un liderazgo fallido, sobre todo cuando la respuesta pasa por un apoyo decidido a la innovación médica, la promoción de la salud mediante estrategias de prevención, mejora del sistema de atención primaria, programas de formación ciudadana y una mayor coordinación socio-sanitaria de todas las administraciones. Saber cómo, financiarlo y gestionarlo adecuadamente es la respuesta y no un lacónico y lastimero “será inviable”.

El sistema de salud andaluz se está deteriorando a marchas forzadas. Los datos permiten dimensionar la gravedad de ese deterioro. Así lo aprecia la población andaluza según el barómetro sanitario de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya que los datos “muestran que los andaluces han sido los residentes que peor nota media han dado a su sanidad pública en 2024”, quedando… más de medio punto por debajo de la media nacional. El CIS confirma que “la percepción ciudadana suele ir ligada a la calidad de la atención y los recursos disponibles”. Fuentes fiables que aportan indicadores pudieran ser las del Ministerio de Sanidad y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Con datos más cerrados de 2023 el Ministerio de Sanidad, en su informe de Hospitales, camas en funcionamiento y puestos de hospital de día (PHD) del Sistema Nacional de Salud, indica que Andalucía mantiene una ratio global de aproximadamente 2,19 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. De estas, se estima que 1,62 camas por cada 1.000 habitantes corresponden al sector público y 0,57 camas por cada 1.000 habitantes al sector privado. Este sector privado manifiesta un peso enorme en zonas como Costa del Sol y grandes ciudades andaluzas. La población andaluza en 2024 era de algo más de 8 millones y medio de habitantes. Hay que considerar que en 2024 el número de personas que visitan Andalucía supera los 13 millones que se distribuyen muy desigualmente durante el año. Ello supone una presión asistencial añadida a la ordinaria contra un sistema de salud que los informes del propio Ministerio de Sanidad reflejan estar muy por debajo de las prestaciones que se reciben en otros territorios del estado español.

No sólo de camas va esto de la salud, también en el número de médicos por cada 1000 habitantes Andalucía sale mal parada ocupando uno de los últimos lugares.

El indicador de las listas de espera también ofrece un panorama más que desolador. La gravedad de estas esperas, sin cuento, reside en que de salud se trata y el cuerpo humano no es previsible. Múltiples factores están funcionando en el humano complejo ecosistema y no se puede jugar a “adivino” dejando para dentro de meses o años, lo que es urgente hacer hoy. Y estas listas de esperas se a cabalgan , porque son varias, de suerte que una persona puede ir de lista de espera en lista de espera con lo cual la solución a su situación de salud puede demorarse mucho en el tiempo. A veces la muerte llega antes y ya no hace falta tanta espera. Desde las listas de consulta externas, que derivan a listas de espera de especialistas, para posteriormente pasar a las listas de espera diagnósticas, y estas pueden ser varias para la misma persona, terminando por ingresar en la lista de espera de intervenciones quirúrgicas y posteriormente incrementar las listas de espera de atención, rehabilitación, revisiones, nuevas pruebas…

La dispensa de medicamentos es otro asunto de suma importancia en el que la administración del Estado tiene mucho que ver. Se han dado pasos atrás de manera muy peligrosa, ya que, al objeto de “ahorrar” ¡Tiene guasa el asunto!, la sanidad andaluza deja de recetar medicamentos fiables, eficientes, contrastados, contra gravísimas dolencias porque “!Son caros!”. Son los denominados MHIC (Medicamentos de Alto Impacto). Nuevos fármacos muy innovadores para enfermedades graves o raras, que suelen tener un coste de adquisición muy elevado y un impacto significativo en el presupuesto farmacéutico. Su incorporación al Sistema Nacional de Salud (SNS) es un proceso complejo que sin duda debe contar con una valoración científica, pero que conlleva la negociación del precio con quienes tienen la propiedad de la patente y la comercialización. ¿Negociar con la salud? ¿Con la vida o la muerte? ¿Cuál es el precio de una vida humana? Al entrar en la ecuación poderoso caballero Don Dinero se quiebra el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Un testimonio directo de una persona aquejada de una grave enfermedad: “El médico y todo el personal sanitario son víctimas de la clase política que tenemos, están reventados y cada vez tienen más presión, medicamentos contra el cáncer que no financia el SAS PORQUE SON MUY CAROS, las farmacéuticas no bajan ni un céntimo, por Dios”. Quienes dan publica FE de cristianos ¿cómo pueden mercadear con la salud del prójimo? Y para quienes no publicitan FE alguna idéntica pregunta. Desde la perspectiva democrática cualquier persona es digna de ser atendida “cueste lo que cueste” y ello justifica que se obligue legalmente a todas las personas a pagar impuestos.

En el caso del Sr. Moreno Bonilla sus palabras deslegitiman su cargo de presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Su partido político, con su silencio se supone debe asumir sus palabras. En ese caso,  ante el reconocimiento de su incapacidad para garantizar la salud de las gentes de Andalucía, debería disolverse por inútil para resolver el presente y afrontar los retos de futuro que indudablemente serán complejos. En caso de querer este partido político afrontarlos debe requerir al presidente de la Junta que deje sitio para que otra persona asuma la responsabilidad de gobierno, con más capacidad y sobre todo con más fe en el pueblo andaluz. 

Fdo Rafael Fenoy