El hijo menor de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que fue condenada a dos años y medio después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos vástagos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri, ha llegado al punto de encuentro familiar donde le espera el progenitor, que tiene la custodia, para su traslado al país alpino, tras inadmitir a trámite el Tribunal Constitucional la solicitud de suspensión de la medida solicitada este pasado lunes por la progenitora.
Este último es investigado por la autoridad judicial en Italia por supuestos malos tratos en el ámbito familiar tras las denuncias de Rivas y pese a ello la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada, con competencias en la jurisdicción de lo civil, rechazó la petición de la madre de Maracena para suspender la entrega en tanto no se resuelva ese proceso.
El niño ha llegado, en una calle cortada al tráfico por la expectación entre medios de comunicación y curiosos, de la mano de su madre, familiares y mimembros de su equipo jurídico, abrazada de Paqui Granados, del Centro de Información a la Mujer de Maracena.
Llorando, a las puertas del punto de encuentro, antes de encontrarse con su padre, ha manifestado, también en presencia de su hermano, ya mayor de edad y residente en España, el miedo que le producía la vuelta por que le pudieran "matar".
El menor ha entrado en el punto de encuentro familiar, en el entorno del centro de Granada, donde lo esperaba el padre, Francesco Arcuri, sobre las 11,00 horas, cuando finalizaba el periodo de tiempo dado por la autoridad judicial para la entrega, el cual empezaba a las 10,00 horas. En todo momento han estado acompañados de la directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia, y miembros de la plataforma de apoyo a Juana Rivas y 25N/8M.
La llegada en torno a las 10,45 horas se ha producido entre peticiones de respeto a la prensa para el menor y la madre, en medio de momentos de tensión. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emplazaba la semana pasada a Rivas a dar cumplimiento a la orden de reintegro de su hijo menor, que ha permanecido en España con ella desde finales del pasado año tras denunciar presuntos malos tratos del progenitor.
Este Juzgado de Familia, en un auto de instancia y no de instrucción, no abordando una decisión suya sino la ejecución de la que tomara en su día el tribunal italiano, desestimaba la última petición de Rivas de escuchar al menor antes de ejecutarse la resolución italiana que exige la vuelta del niño con el padre.
Lo hacía "no porque no tenga éste una edad adecuada o suficiente juicio" o "porque no deba ser oído un menor en relación con las medidas que le afectan, sino porque la audiencia del menor no es un medio de prueba sino una diligencia que no resulta inocua para éste y de la que, por ende, no se debe abusar".
"Se estima que la ejecución del decreto del Tribunal de Apelación de Cagliari que concede al padre la guarda y custodia sobre el menor y ordena la restitución del mismo a su país de residencia habitual, no es contraria al orden público español ni al superior interés" del niño, añadía.
El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara "el terror" de regresar a su lado.
La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.
En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de 5 años a 2 años y 6 meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos. Uno de ellos ya es mayor de edad y reside en España.
