El juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el 'caso Koldo' ha acordado la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero, tras haber declarado este lunes como imputados en la causa por la trama de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
En sendos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno adopta esas medidas cautelares a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se han sumado las acusaciones populares que lidera el PP.
Moreno les atribuye los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al existir "motivos suficientes para considerar responsable criminalmente" de ello a ambos, "no apreciándose riesgo de fuga".
Además, considera que ninguno de los dos puede hacer desaparecer pruebas, "toda vez que realizadas las diligencias de entrada y registro se ha procedido a la incautación de toda la documentación relativa al mismo que se encuentra depositada y en custodia".
Ante el juez, Pardo de Vera se ha desvinculado de los amaños y, sobre la contratación de una expareja del exministro José Luis Ábalos en Ineco, ha indicado que sabía que se la contrató, pero que a ella la utilizaron y que se quejó cuando fue consciente de la situación, que no le parecía ética. También el exdirector de Carreteras se ha desvinculado de las supuestas irregularidades.
INTERCEDER A FAVOR DE CONSTRUCTORAS
El juez ha justificado las medidas cautelares acordadas en los "indicios" que llevaron a ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrar las casas de los dos ex altos cargos.
Moreno apunta en sus autos a las "intercesiones concretas" de Pardo de Vera y Herrero para "favorecer a determinadas constructoras", según las conversaciones grabadas por Koldo, en las que "se puede deducir una notoria discrecionalidad a la hora de adjudicar contratos de obra pública".
Y recuerda que, para los investigadores, el exasesor de Ábalos, Koldo García, "se valía presuntamente" de Pardo de Vera y de Herrero para la "manipulación" de procesos de contratación.
La UCO reflejaba, entre otras, una conversación grabada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020, en la que el exasesor pedía con insistencia a Pardo de Vera una adjudicación para "LIC, en un primer momento tratando que fuese de mantenimiento, y ante la negativa de Pardo de Vera, proponiendo que fuera de emergencia".
A lo que ella le recordó que le acababan de conceder una poco tiempo atrás y darle otra iba a resultar sospechoso, aunque "se comprometió", según los agentes de la UCO, "a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora".
"Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjame mirarlo", respondió Pardo de Vera a García, que "departía directamente" con la dirigente de Adif.
No obstante, "apenas un mes después de la conversación", Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia en Asturias por importe de 592.053 euros, expuso la UCO. A la par, hacían hincapié en que García habría acudido a ella para una reclamación en la construcción de la estación de AVE en Elche.
Los investigadores añadieron que meses antes, el 28 de enero de 2019, Koldo envió a Pardo de Vera una imagen con los resultados de las ofertas presentadas a una licitación para el proyecto de construcción de la línea de alta velocidad en Extremadura, "previamente remitida" al asesor por un directivo de Acciona.
Según relataban, en la imagen aparece subrayada en amarillo fluorescente la línea del resultado de una UTE, mientras que la oferta de Acciona se ve pero "en un color mucho más tenue".
Horas más tarde, añaden, Koldo García escribió a la presidenta de Adif para que mirase la foto, "mostrando su descontento" por la empresa que obtuvo la mayor puntuación: "Nos ha jodido un poco".
"De este modo, se infiere que dicha licitación debiera haber sido adjudicada a Acciona, y el hecho de no materializarse habría generado descontento en Koldo", señalaron.
También recogían una obra de integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat por 71,5 millones de euros, que se adjudicó a Acciona y sobre la que también constan conversaciones entre Pardo de Vera y García.
En cuanto a la contratación de la expareja de Ábalos, el juez mantiene que fue "aparentemente irregular" la entrada de Jésica Rodríguez en nómina de empresas públicas y que Pardo de Vera tuvo una "participación decisiva".
DE FORMA "RECURRENTE"
Del exdirector de Carreteras, el magistrado reitera que, "a petición" del entonces asesor ministerial, habría favorecido "de manera recurrente" a "diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta de contratos de obra pública", mencionando específicamente a Acciona, LIC y OPR.
El magistrado recoge que la UCO descubrió una conversación de WhatsApp entre Herrero y Koldo de abril de 2019 en la que el primero le dice al segundo: "Bingo!!! En Logroño", que los agentes vinculan a una adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona y Aquaterra por 92,4 millones de euros.
Se refiere también al "proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario (Sevilla)" para destacar "el interés mostrado por Koldo, y especialmente por Cerdán, para que se cerrase la tramitación de dicho expediente", que se acabó adjudicando a Acciona por 71,4 millones de euros.
"Dicho interés habría derivado en una notoria insistencia por parte de Herrero, la cual habría provocado desavenencias con el entonces secretario de Estado, Pedro Saura, quién habría tratado de destituirle", rememora. "A Javier se le ha visto desde lejos", dijo García a Cerdán en abril de 2019, según transcripciones de la UCO.
El instructor menciona igualmente la presunta incidencia de Koldo en Herrero para "favorecer a la constructora OPR" con "la presunta adjudicación fraudulenta" del proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias); y para la aprobación de un modificado relativo a las obras en la autovía A-32 (Linares-Albacete) y en la carretera N-322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil.
Respecto a LIC, apunta a "la aprobación de un modificado de una obra previamente adjudicada" a esta constructora; a otra adjudicación a la UTE formada por Marco y LIC para obras de conservación en las carreteras del Sector TE-02, en la provincia de Teruel, por 5,7 millones de euros, y a la adjudicación de una obra en la Autovía A-12 del Camino de Santiago en el tramo Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)-Villamayor del Río (Burgos).
