El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha advertido un "fraude" a la Seguridad Social en contrataciones de un centro de menores de la Junta de Andalucía en Marchena. Concretamente, se ha trasladado a la Inspección de Trabajo que hay "al menos cinco trabajadoras que llevan semanas trabajando sin alta en la Seguridad Social, sin salario y sin cobertura ante accidentes" en el centro de protección de menores 'Santa Teresa', dependiente de la Delegación Territorial de Igualdad.

En declaraciones recogidas por CCOO en una nota, la secretaria general en la Delegación de Igualdad del sindicato ha señalado que "el trato que está dando la Junta de Andalucía a estas trabajadoras es tercermundista". La organización ha continuado detallando que "estas personas comenzaron a prestar servicio a principios de junio tras ser llamadas desde la Bolsa Única de la Junta, para cubrir vacaciones estivales hasta septiembre".

Actualmente, según ha trasladado la delegación, "no figuran dadas de alta en la Seguridad Social, por lo que se encuentran completamente desprotegidas ante cualquier contingencia laboral, como accidentes o enfermedades, sin cobertura o acceso a prestaciones".

Asimismo, la organización sindical ha informado que "no están percibiendo salario alguno por parte de la Junta, ni se les ha informado de cuándo, cómo o siquiera si llegarán a cobrar por el trabajo que están desempeñando".

Lejos de subsanar esta situación, ha acusado CCOO que la "única" comunicación recibida por parte de la Administración ha sido que no cobrarán el mes de junio, pero deben seguir trabajando, lo que "agrava aún más los hechos".

La organización ha declarado que "desde el primer día, ha trasladado esta grave situación a los responsables del centro, así como a la Delegación de Igualdad mediante un escrito remitido el pasado 2 de julio, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha". También ha venido advirtiendo a los servicios de personal, "sin que se haya corregido la irregularidad".

El sindicato "se ha visto obligado" a interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo, registrada el 7 de julio, exigiendo que "se depuren responsabilidades y se garantice el cumplimiento de la legislación laboral y de Seguridad Social".

Por último, también ha añadido que se ha exigido la regularización inmediata de estas contrataciones, el pago de los salarios adeudados, la cobertura de la Seguridad Social desde el primer día de actividad y la asunción de responsabilidades por parte de los responsables institucionales implicados.

La Junta atribuye a un error administrativo las empleadas no regularizadas

Tras esta denuncia, la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla ha informado de que un total de cinco trabajadores de este centro se incorporaron a su puesto laboral antes de que sus contratos fueran fiscalizados por la intervención provincial debido a "un error administrativo".

Desde la Delegación Territorial de Inclusión Social han asegurado que "se está tramitando la correspondiente convalidación de los citados contratos, a fin de regularizar en el menor tiempo posible su situación, así como el abono de los servicios, por lo que ningún trabajador resultará perjudicado en sus emolumentos o alta en la seguridad social".

De este modo, desde el Gobierno andaluz han declarado que la Junta ha mantenido "en todo momento" comunicación con los trabajadores, así como con sus representantes sindicales, para "informarles de su situación y de su disposición a regularizar la misma a la mayor brevedad posible".