En la comparecencia previa a su ingreso en prisión preventiva, y al margen de su presunta implicación en el cobro de comisiones millonarias vinculadas a la adjudicación de obra pública, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se desmarcó de cualquier participación “en proyectos entre empresas privadas”. Son los casos de las tramitaciones relacionadas con la construcción de un supermercado en Huarte —mencionado en el informe de la UCO bajo el nombre en clave de “panadero”— o con el desarrollo del mayor proyecto minero en España, Mina Muga.
El exdirigente socialista situó en su declaración ambos procesos en la IX Legislatura del Gobierno de Navarra (2015-2019), presidida por Uxue Barcos y sustentada por una coalición formada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. “El PSN estaba en la oposición”, remarcó Cerdán, antes de insistir en que “técnicamente es imposible haber ejercido ningún tipo de influencia” en dos proyectos de los que aprovechó para desvincularse: “El panadero era una empresa privada y con la mina tampoco hice ninguna gestión”.
A pesar de esta diferenciación entre iniciativas públicas y privadas —a la que también aludió recientemente la presidenta navarra, María Chivite—, la exposición mediática de ambos casos al mismo nivel que las presuntas adjudicaciones de obra pública ha generado un impacto reputacional significativo, especialmente en el de Mina Muga, al haberse visto asociada a un procedimiento judicial del que ni el proyecto ni su promotora forman parte.
En este sentido, Geoalcali ha querido lamentar el “ruido mediático generado” y mostrado su “más firme y rotundo rechazo a cualquier intento de desprestigiar o politizar un proyecto que debe abordarse exclusivamente desde el plano técnico, jurídico y económico”.
Además de mostrar su “total disposición” a colaborar con las autoridades y aportar cuanta información sea necesaria para aclarar cualquier aspecto que consideren oportuno, fuentes de la compañía siguen poniendo en valor que “el carácter estratégico de Mina Muga sigue plenamente vigente” después de una década de tramitación técnica “rigurosa y transparente”.
En este sentido, según apunta Servimedia, desde Geoalcali destacan que el proyecto ha sido evaluado por “hasta doce administraciones diferentes con más de 180 entidades gubernamentales consultadas, más de 80 informes técnicos favorables, y más de 15 procesos de consulta pública, algunos incluso voluntarios”, sostienen.
A si vez, la empresa promotora del mayor proyecto minero de España ha reiterado públicamente su total desvinculación del procedimiento judicial y recordado que “la actual Dirección no guarda relación con la UTE formada en 2015 por Servinabar y Acciona ni con los acuerdos suscritos en aquel momento”. Además, ha recalcado que “los antiguos empleados de Geoalcali mencionados en el informe cesaron su relación con la empresa entre 2016 y 2019”, y que, desde entonces, no han vuelto a mantener ningún tipo de vinculación profesional ni contractual con la compañía.
