El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero ha declarado este lunes como acusado ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía; negando cualquier "instrucción o recomendación" a los funcionarios del concurso saldado con la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis; y señalando las "incongruencias" de la sociedad Emerita Resources España, que tras pujar sin éxito por tal concesión interpuso una denuncia por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude.
A la hora de su comparecencia como acusado, Vicente Cecilio Fernández Coto ha accedido a responder exclusivamente a las preguntas de su abogado defensor y del tribunal, después de que meses atrás ya prestasen declaración el grueso de los investigados, que son los funcionarios miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación y los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, matriz de Minorbis, porque los acusados son 16 en total, en este juicio en el que la Fiscalía no ejerce acusación al no apreciar delito.
EL CONCURSO DE LA MINA DE AZNALCÓLLAR
El juicio gira en torno al concurso promovido por la Junta de Andalucía la década pasada, para adjudicar los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Al procedimiento, recordémoslo, concurrieron exclusivamente las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo; y que en una reunión, el acusado Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, habría dicho supuestamente que él tenía "la llave" del concurso, reclamando presuntamente a Emerita "el 15 por ciento" del negocio exclusivamente por "asegurar" el resultado del procedimiento.
Frente a ello, y siempre en respuesta exclusivamente a las preguntas de su abogado defensor, el entonces secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía ha defendido el "respeto escrupuloso de la Ley" seguido durante el mencionado concurso internacional, cuyo grado de "exigencias legales" ha destacado especialmente, sobre todo por el "pasado reciente" que pesaba sobre la Junta, marcada ya entonces por la macro causa sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos y las subvenciones arbitrarias y sin publicidad a empresas.
LOS "PARALELISMOS" Y LA PROPUESTA DE "FUNSIÓN"
Así, ha defendido la "actuación jurídicamente ordenada" de los funcionarios miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación, quienes en sus comparecencias previas negaban ya insistentemente que recibiesen indicaciones o directrices sobre el resultado del proceso de evaluación de las ofertas que concurrían, cuyos "extremos paralelismos" ha señalado en más de una ocasión el exsecretario general.
Al hilo, ha manifestado que fue el presidente de Emerita, Joaquín Merino, quien planteó la "eventual fusión" de las propuestas, pero ha especificado que él jamás actuó como "intermediario" en dicho planteamiento, asegurando que no hizo ninguna "recomendación o indicación" al respecto ni Mario López Magdaleno le telefoneó proponiéndole una intervención así.
En consonancia, el ex secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía ha negado que él diese "ninguna instrucción" directa o indirecta a estos funcionarios sobre el tratamiento de las dos ofertas que concurrían al concurso público, lo que le ha llevado a insistir en que los funcionarios desplegaron una "absoluta observancia de la legalidad", cumpliendo un alto "nivel interno de exigencia".
Es más, Vicente Cecilio Fernández ha especificado que él no intervino en la confección de las bases del concurso, la convocatoria del mismo o la composición de la comisión técnica ni de la mesa de contratación; negando de manera directa que cursase algún viaje con la esposa de uno de los hermanos Löpez Magdaleno o que tuviese intereses en los negocios promovidos por tal persona.
LAS "INCONGRUENCIAS" DE EMERITA
También ha avisado de las "grandes incongruencias" de la denuncia de Emerita Resources, explicando que durante la tramitación del concurso, la empresa pedía "agilizar" las gestiones y primar la resolución del procedimiento, para después incluir entre sus críticas que "se corrió demasiado" deprisa; además de que con relación a la primera fase del procedimiento, en su denuncia "pone en tela de juicio" el trabajo administrativo pero no la parte del mismo correspondiente a su oferta.
Recordemos que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita Resources, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación de este caso al no apreciar delito alguno.
Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares y popular contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formula acusación.
