La exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto ha prestado este lunes declaración como acusada ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, atribuyendo a la sociedad Emerita Resources España una "ceremonia de confusión" en su denuncia por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; un procedimiento que según ha asegurado tuvo un intenso seguimiento y supervisión por parte del gabinete jurídico de la Administración andaluza.
A la hora de su comparecencia como acusada, María José Asensio Coto ha accedido a responder exclusivamente a las preguntas de su abogado defensor y del tribunal, después de que meses atrás ya prestasen declaración el grueso de los investigados, que son los funcionarios miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación y los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, matriz de Minorbis, porque los acusados son 16 en total, en este juicio en el que la Fiscalía no ejerce acusación al no apreciar delito.
EL CONCURSO DE LA MINA DE AZNALCÓLLAR
El juicio gira en torno al concurso promovido por la Junta de Andalucía la década pasada, para adjudicar los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Al procedimiento, recordémoslo, concurrieron exclusivamente las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo; y que en una reunión, el acusado Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, habría dicho supuestamente que él tenía "la llave" del concurso, reclamando presuntamente a Emerita "el 15 por ciento" del negocio exclusivamente por "asegurar" el resultado del procedimiento.
Frente a ello, y siempre en respuesta exclusivamente a las preguntas de su abogado defensor, la ex directora general de Minas ha defendido la "alta cualificación" de los funcionarios miembros de la mesa de contratación, quienes en sus comparecencias previas negaban ya insistentemente que recibiesen indicaciones o directrices sobre el resultado del proceso de evaluación de las ofertas que concurrían.
LAS CIFRAS DE INVERSIÓN
Y ante la tesis de Emerita Resources España, como empresa denunciante, de que planteaba una inversión comprometida de 640 millones de euros frente a los 304 de la propuesta de Minorbis; María José Coto ha alegado ha alegado que "la inversión para arrancar (con el proyecto) no era un criterio valorable en el concurso" en la "evaluación" de las propuestas, por aspectos como que la adquisición de recursos podía revertir en ámbitos ajenos al local o la existencia de instalaciones previas en el recinto minero.
También ha alertado de la "ceremonia de confusión" promovida a su entender por Emerita Resources España en su denuncia penal sobre el hecho de que se aludiese como adjudicataria de la concesión a la alianza conformada entre Minorbis y Grupo México, precisando que quien pujaba en esa oferta era la filial de Magtel Minorbis, "con el aval de solvencia" económica de la gran multinacional Grupo México.
Y especialmente, María José Coto ha defendido que dado que en todo el procedimiento del concurso siempre estuvo "presente" el trasfondo de la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de metales pesados de esta mina; "toda la Junta puso la lupa" sobre la tramitación administrativa del asunto; lo que le ha llevado a esgrimir que todo el procedimiento estuvo "especialmente apoyado en los informes del gabinete jurídico" de la Junta de Andalucía y, tras "diez años de estudio", cuenta incluso con informe favorable de la Intervención General del Estado.
LA "LUPA" APLICADA AL PROCEDIMIENTO
"Ningún procedimiento administrativo ha estado sometido a esta lupa", ha enfatizado, defendiendo que la adjudicación de la concesión a la oferta de Minorbis frente a la de Emerita fue "correcta" y que la denuncia de la segunda de estas empresas parte de "cifras falsas" y "errores de bulto" en aspectos como su interpretación de los criterios de mejora o del punto de equilibrio.
"Todo el pliego" del concurso público internacional, según ha destacado la ex directora general de Minas, fue confeccionado con "el asesoramiento del gabinete jurídico" de la Junta, que había elaborado el decreto autonómico del que partía todo el procedimiento. "Yo no daba ningún paso sin el aval del gabinete jurídico", ha remarcado María José Asensio Coto, quien ha insistido en que la denuncia penal de Emerita constituye toda una "ceremonia de la confusión".
Así, María José Asensio Coto ha negado "rotundamente" que en este procedimiento mediasen "presiones o instrucciones" por ninguna de las partes para favorecer a la oferta de Minorbis.
Recordemos que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita Resources, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación de este caso al no apreciar delito alguno.
Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares y popular contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formula acusación.
