En estos momentos pocas personas no están al tanto de las ordenes que Donald Trump está firmando a diestro y siniestro, como alma que lleva el diablo. Y cada una de ellas, que las toma porque sí, sin encomendarse a santo alguno y menos al congreso y senado estadounidense.  Lo que firma no es moco de pavo, ya que afecta a las vidas y haciendas de millones de personas que trabajan y viven en Estados Unidos con visado de residente o sin él. Incluso ha deportado a personas que han adquirido la nacionalidad norteamericana. Pretende con su firma imponer aranceles a propios y extraños en un alarde de ¡aquí estoy yo, para poner orden! Esta forma de conducirse suena, y lo es, a dictadura pura y dura. Al menos Trump invoca para legitimar sus desatinos, y excesos, en que está mandatado por la voluntad popular de quienes le votaron. Y, dice él, que como en la campaña electoral ya avanzó esto que hace ahora (en parte) pues que eso. ¡Que así se escriba y así se haga!, como diría Yul Brynner, encarnando el papel de Ramsés en la magnífica película “Tierra de Faraones”.

-Oiga ¿y que tiene que ver esto que Vd. comenta con la negociación del Convenio del Metal en Cádiz?  - Mire usted, no sólo algo, sino mucho ya que hay personas haylas, que se conduce de forma similar a míster Trump. De hecho quienes representan a otras personas, en ocasiones, pretenden tener un poder que, legal pero ilegítimamente, ejercen.  Y precisamente lo escandaloso no sólo es el comportamiento de aquellas, sino que la ley mal hecha les faculta para ello. Una prueba más de que en este país, que se supone que se organiza como una democracia representativa, de hecho las personas que son elegidas como representantes, políticos o sindicales, la convierten en una democracia secuestrativa de la voluntad popular.   Y ahora la conexión con el Convenio del Metal de Cádiz.  Quienes se atreven a firmar un convenio colectivo ¿por qué no convocan un referéndum para que las personas trabajadoras, que se verán afectados por el tiempo que dure, puedan manifestar si están o no de acuerdo? Es preciso puntualizar que un referéndum supone un censo y un procedimiento que permita que toda persona afectada pueda manifestar libremente su voluntad.  

Esto no es nuevo ya que, quienes tenían (y siguen ostentándolo)  el poder real, durante la dictadura franquista, eligieron a quienes debían asumir el poder formal después de la muerte de Franco. Y las leyes se articularon de forma que, tanto en lo político como en lo sindical, las elecciones funcionan como un trasvase de la soberanía de la denominada “ciudadanía”, a las manos de quienes dicen representarlos, pero en realidad la sustituyen.  No obstante es posible encontrar al menos una ley que liga la voluntad de quien representa, a la voluntad de las personas representadas. En el ámbito de las Comunidades de Propietarios, la ley de propiedad horizontal  (https://www.boe.es/buscar/pdf/1960/BOE-A-1960-10906-consolidado.pdf) en su artículo 14 concreta lo que le corresponde a la Junta de propietarios. Su lectura da idea del poco poder de decisión que tiene por sí la presidencia de la Comunidad. Si estas facultades que tiene encomendadas las juntas de propietarios las tuviera la ciudadanía, que al fin y al cabo, propietaria es de todo lo público, otro gallo cantaría. Y qué decir de quienes firman acuerdos que afectan a terceros sin contar con su aquiescencia.  Si la facultad de trabajar es propiedad de las personas que están dispuestas a hacerlo ¿Por qué alguien extraño firma por ellas las condiciones en las que debe trabajar?

El convenio firmado por UGT, en solitario, es un acto fallido porque en los 8 años, que pretende durar, no habrá paz social en las empresas. La ley de convenios (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-6 ) en su artículo 2º dice: “Son objetivos de los Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo: la mejora de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, el incremento de la productividad, la integración en una comunidad de intereses y de unidad de propósitos de los elementos personales que intervienen en el proceso económico y el fortalecimiento de la paz social.” ¿Con el clima actual se puede percibir un horizonte de “paz social”? Quienes representan al empresariado tampoco han estado acertados. La FEMCA (Federación de empresas del metal de provincia de Cádiz) ¿de verdad pretende que el convenio firmado con UGT (Unión General de Trabajadores) en solitario, tenga efectividad en el diario transcurrir de la vida de cada empresa? La firma de esta Federación empresarial,  sitúa a cada empresa en la necesidad de negociar mejoras de las condiciones laborales y salariales recogidas en el convenio fallido. A pesar de la firma de este huérfano convenio, debe el empresariado tener por seguro que la confrontación estará servida en la puerta de sus empresas y que la huelga es un derecho que puede ejercerse incluso durante la vigencia de un convenio colectivo. Eso sí con ciertas limitaciones ya que el convenio marca mínimos y los máximos están pendientes de acuerdo. Quienes crean que reducir la senda para recurrir a la jurisprudencia de lo social, mediante el convenio, no tiene en consideración que la fuerza de las reivindicaciones obreras aumentará por la acción sindical que reclamará su cumplimiento, interpretaciones o mejoras.  Otro aspecto a considerar es que las estrategias de las huelgas en el seno de cada empresa pudieran no seguir patrones convencionales al uso.  Quienes están al frente de una empresa precisan de seguridad en que las actividades laborales y de gestión funcionan con regularidad. Una huelga convocada en esa empresa concretamente, por el motivo más nimio que pudiera pensarse crea la incertidumbre. Quienes trabajan saben cuándo, dónde y cómo producir la ralentización o incluso la paralización de algún proceso esencial que afecte de forma significativa al funcionamiento de la empresa.  Y cuando se instala la incertidumbre se inaugura el camino de la ruina.  Por ello es inevitable el consenso entre personas -empresarias y trabajadoras- Y es notorio que el Convenio firmado por UGT y FEMCA, no parte del consenso de las personas trabajadoras en general.  UGT tampoco acierta con la firma en solitario, sin pasar por referéndum el acuerdo previo. Porque las personas trabajadoras se conformarían, aunque disientan, de una decisión colectivamente efectuada. ¿Valora quien firma por UGT que está abriendo una confrontación? CCOO y CGT ya se han pronunciado a través de las asambleas convocadas que se muestran contrarias a la firma. En este caso el comportamiento trumpista de los firmantes no ayuda en modo alguno a generar consensos. A pesar de las declaraciones muy recientes del secretario general de UGT FICA Cádiz, que afirma que “cuando el texto esté listo, Cádiz pasará a tener “el mejor convenio del país” que garantizará la paz social justo para unos años en los que la carga de trabajo de las industrias de la zona está garantizada”  Oportuno sería el abrir un tiempo para reflexionar y, sobre todo, dar la voz y el voto a quienes trabajan y son las personas que se verán afectadas directamente por el Convenio. No hacerlo supone asumir que no servirá para alcanzar el objetivo que el artículo 2 citado y que la propia palabra “CONVENIO” contiene:  "venir juntos" o "estar de acuerdo”.  De eso nada sabe míster Trump tampoco.

Fdo Rafael Fenoy