El Gobierno de España ha abonado al año, desde 2022, 20.000 euros en concepto de indemnizaciones o resoluciones favorables a particulares y aseguradoras como consecuencia del mal estado de la red viaria estatal en la provincia de Huelva.
Así lo ha indicado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta planteada por el PP en el Congreso de los Diputados, consultada por Europa Press, en la que la formación ha realizado una batería de preguntas relacionada con el estado de las carreteras onubenses de competencia estatal, así como las inversiones realizadas desde 2018.
De este modo, con respecto a las inversiones realizas en autovías y carreteras de la provincia desde 2018 hasta la actualidad, el Gobierno ha señalado que desde junio de 2018 hasta febrero de 2025, se ha invertido en Huelva un total de 102,7 millones de euros, de los cuales 78,6 millones de euros se han destinado a actuaciones de conservación y mejora de la seguridad vial --incluidos 1,1 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia--.
Así, destaca que entre las inversiones realizadas están la puesta en servicio de las variantes de Beas y Trigueros o la rehabilitación del firme en la N-433 entre Cortegana y el límite con Portugal.
Apunta el Ejecutivo que la mejora de las condiciones de seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE) es "un objetivo prioritario" del Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS), por lo que "trabaja incansablemente en esa línea".
Por ello, señala que la Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio tiene implantado un sistema de gestión de la seguridad vial "desde hace muchos años", que "se viene mejorando y adaptando continuamente a los nuevos avances técnicos y de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, y las particulares características de la RCE" con el objeto de orientar su actividad hacia "una mayor eficiencia" y "aprovechar mejor los recursos que se le asignan en los Presupuestos Generales del Estado".
"MAL ESTADO" E INVERSIÓN
De otro lado, el PP cuestiona al Gobierno central sobre tramos de carreteras nacionales en la provincia de Huelva que tienen informes técnicos "que advierten de su mal estado, riesgo para la circulación o necesidad urgente de intervención desde el año 2022".
El Ejecutivo señala que actualmente se encuentra en marcha un contrato de mantenimiento de firmes, para el periodo 2024-2027, denominado 'Contrato de servicios para la conservación y el mantenimiento de firmes para el periodo 2024-2027 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental (II)', con un presupuesto de más de 9,3 millones de euros.
Asimismo, explica que desde 2022 se han llevado a cabo actuaciones de conservación ordinaria realizadas dentro del marco de los contratos de servicios de asistencia técnica para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de cada uno de los tres sectores en los que se divide la provincia de Huelva (sectores H-01, H-02 y H-03).
Igualmente, apunta que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) realiza "sistemáticamente" campañas de inspecciones de los distintos elementos de las carreteras, como auscultación de firmes, auditorías de seguridad viaria, inspecciones de puentes, inspecciones de obras de drenaje transversal, etc. y que, a partir de los resultados obtenidos, "se programan las posibles soluciones siempre dentro de un orden de prioridades y sujetas a unas disponibilidades presupuestarias".
Además, indica que se tienen igualmente identificados aquellos tramos o puntos singulares de la carretera que "por sus datos estadísticos relativos a accidentes suponen un riesgo recurrente para la seguridad vial", de manera que se tienen catalogados como tramos de concentración de accidentes (TCA) y cuentan con una señalización específica, estando sometidos a un seguimiento continuo. A este respecto, explica que en la provincia de Huelva "no aparece ningún TCA localizado en la provincia de Huelva".
