El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha visitado en Sevilla este viernes Aznalcóllar para comunicar oficialmente al alcalde, Juan José Fernández, que su departamento ha autorizado el nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes, a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis; de cara a la reapertura de esta corta cerrada desde 2002 tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Esta autorización, según la Consejería, supone "el último trámite de la Administración Autonómica para dar vía libre al inicio de los trabajos de construcción de una nueva mina".
Acompañado del viceconsejero, Cristóbal Sánchez, del director general de Minas, Jesús Portillo; y del delegado territorial de la Consejería en la provincia de Sevilla, Antonio Ramírez, Jorge Paradela ha agradecido el trabajo realizado por los equipos de las Consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de su departamento y la Delegación Territorial de Sevilla, que han tenido un papel esencial en la resolución de este procedimiento, que tiempo atrás cosechaba ya la autorización ambiental unificada (AAU).
El consejero ha destacado que el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, promovido por la alianza empresarial entre la multinacional Grupo México y la andaluza Minorbis, filial de Magtel; cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar en torno al millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación. Prevé además una vida estimada de al menos 20 años, incluyendo las labores preparatorias del proyecto minero, según Paradela.
Hasta 45 millones de toneladas de materiales
Y es que la futura explotación minera cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año.
Paradela ha defendido que el proyecto, a desarrollar por la empresa Minera Los Frailes como sociedad de propósito específico creada por Grupo México y Minorbis para la gestión de la corta; "no es una reapertura, sino un proyecto totalmente nuevo que contempla una mina subterránea y no a cielo abierto, y que no dispondrá de balsas de residuos", sino que una parte de los residuos procedentes del tratamiento del mineral se aprovecharán como relleno en el interior de la mina y otra se depositará en una de las antiguas cortas mineras, denominada Aznalcóllar, "a efectos de restauración; práctica que está reconocida como mejor técnica disponible por la Unión Europea", según ha subrayado.
Y es que la actuación, una reivindicación histórica de la localidad de Aznalcóllar y su comarca, cuenta con la oposición frontal de los grupos ecologistas, que invocan insistentemente la devastadora catástrofe ambiental de 1998 por la fractura de la balsa de metales pesados del recinto minero, explotado entonces por Boliden-Apirsa; con la consecuente contaminación del río Guadiamar y su cuenca.
La cuestión del agua
El consejero ha asegurado además que el proyecto "viene a aportar una solución para depurar el agua que se encuentra almacenada en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles". En esta línea, ha reseñado que la huella hídrica del proyecto es "reducida, ya que más del 80 por ciento del agua que se utilice para el tratamiento del mineral se va a recircular en el propio proceso".
Los ecologistas, de su lado, señalan que la actuación planteada supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, extremo que niegan a su vez la Administración andaluza y las empresas promotoras del proyecto.
El consejero ha incidido igualmente en que las actuaciones de rehabilitación ambiental que la empresa se compromete a realizar durante el desarrollo de la actividad y cuando concluya la vida útil del proyecto cuentan con un presupuesto de 42,5 millones de euros.
"A esta cuantía hay que sumar la garantía financiera que la empresa constituirá, de manera voluntaria, en términos de responsabilidad ambiental de 20 millones de euros, que es la máxima contemplada en la legislación, de manera que la empresa destinará más de 60 millones de euros a garantías de naturaleza ambiental", ha destacado el consejero. "El camino hasta llegar aquí no ha sido nada fácil. Este es uno de los proyectos de mayor complejidad que hemos tramitado en la Junta de Andalucía", ha incidido Paradela.
"Comienza la minería del siglo XXI"
El alcalde de Aznalcóllar, de su lado, ha considerado que con esta autorización comienza "la minería del siglo XXI". Juan José Fernández, otrora minero durante los años de Boliden-Apirsa al frente de la mina, ha tenido palabras de agradecimiento tanto al Gobierno andaluz, como a los técnicos, a los que ha felicitado por "haber hecho este trabajo concienzudo" en la tramitación de esta autorización, a la empresa adjudicataria "por apostar por Aznalcóllar", a los sindicatos, los empresarios "y a todos los que han creído en esta lucha y en que el pueblo de Aznalcóllar podía salir de las colas del paro".
"Hoy la mina de Aznalcóllar es una realidad. Aznalcóllar y su comarca tienen su mina y también los 8.000 mineros que estaban esperando que este proyecto saliera adelante, porque el futuro de la minería en Andalucía pasaba por las minas de Aznalcóllar", ha enfatizado el primer edil.
Entretanto, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sigue celebrando el macro juicio derivado de la denuncia penal de la alianza Emerita-Forbes Manhattan por la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de los derechos de explotación de esta mina a la propuesta de Grupo México y Minorbis.
El juicio por la adjudicación
Tras pujar ambas entidades en el concurso abierto por la Junta la década pasada para los nuevos derechos de explotación de la corta minera de Aznalcóllar y resultar adjudicataria la propuesta de Grupo México y Minorbis; Emerita impugnó dicha resolución tanto por lo Contencioso Administrativo como por la vía Penal.
Merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito alguno.
Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, con un total de 16 acusados y cuya finalización está fijada en julio.
