El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación administrativa, Antonio Sanz, ha insistido este jueves en el Parlamento en que la nueva personación de la Junta en el caso de los ERE es por "dignidad y por respeto" hacia los andaluces, apuntando que la administración autonómica tiene la "obligación de recuperar el dinero defraudado".
La Junta de Andalucía solicitó la pasada semana su personación en el procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla para "apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las sentencias del Tribunal Constitucional" (TC) que estimaron parcialmente recursos de amparo de exaltos cargos de la anterior administración socialista condenados en el caso de los ERE.
En la sesión de control del Pleno del Parlamento, Sanz ha expuesto que con esa personación se intenta "recuperar el dinero defraudado, el dinero robado, más de 700 millones de euros que eran de los parados de Andalucía" y que fueron al "mayor caso de corrupción política de la historia de España".
Ha recalcado además que la decisión sobre la personación se ha tomado "por dignidad y por respeto a todos los andaluces que no se merecen que la Junta se hubiera retirado del caso (en la etapa del anterior gobierno del PSOE-A) y del procedimiento específico de luchar por la defensa del interés general y por la recuperación del dinero".
Ha insistido en que el Ejecutivo andaluz nunca se tendría que haber retirado del procedimiento, pero con el actual Gobierno del PP-A se ha "rectificado para luchar para defender el interés general y recuperar el dinero de todos los andaluces, hasta el último euro defraudado".
"Los andaluces, y en su defensa la Junta de Andalucía, es víctima en este caso y debe de ser oída", según Sanz, quien ha considerado que el Tribunal Constitucional "se ha excedido en sus funciones" y, por ello, el Gobierno andaluz apoya que la Audiencia de Sevilla acuda a la justicia europea.
"La Junta de Andalucía es indiscutible que tiene un interés legítimo para volver a la causa; tenemos la obligación de recuperar el dinero defraudado, casi 700 millones de euros, y este gobierno va a seguir haciendo todo lo posible y lo imposible para intentar recuperarlo", ha recalcado Antonio Sanz.
