El juez Juan Carlos Peinado, a cargo del denominado 'caso Begoña Gómez', ha acordado admitir a trámite una querella presentada por Vox y citar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito de malversación de caudales públicos al participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de La Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que acumula dicha querella a la causa en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
En este sentido, Peinado explica que la querella de los de Santiago Abascal se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez --investigada en la causa-- para atender a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de la participación que pudo tener en estos hechos Martín Aguirre "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".
Indica que, según la querella, era el "responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez" y que Vox le atribuye tanto a él como a Álvarez y Gómez "la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación Administrativa".
Tras esto, explica que el delito de malversación de caudales públicos incluye el concepto penal de caudales que es "amplio" y que abarca "sin ánimo exhaustivo" asuntos como los billetes de lotería, el capital de las sociedades públicas, los bienes muebles y en general cualquier clase de bienes muebles y con valor económico, dinero, efectos negociables u otros bienes o derechos que forman parte de un activo de un patrimonio público.
Añade a esto como punto relevante para la causa que el delito también incluye "cualquier bien y fuerza de trabajo, incluidos por consiguiente aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio en el Ayuntamiento, y se beneficia de dicho trabajo un particular".
NI GÓMEZ NI LA ASESORA COMETIERON MALVERSACIÓN
En este sentido, explica el magistrado que entiende que ni a Begoña Gómez ni a la asesora Cristina Álvarez se les puede imputar el delito de malversación.
Aclara así que, si bien "sí que existen indicios de ese posible delito, (...) en cuanto a la participación a título de autor, cómplice o cooperador necesario, no se alcanza a percibir, en qué medida la destinataria del nombramiento por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna, en la presunta malversación".
"Lo mismo ha de decirse de la querellada, Begoña Gómez, que sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos", indica en su auto.
En cambio, sobre la figura de Martín Aguirre entiende que sí que procede admitir a trámite la querella "por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública".
TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y PREVARICACIÓN
Peinado explica por otro lado que la pretensión de Vox de imputarles el delito de tráfico de influencias no encaja en este caso concreto porque, "al no conocerse quién ha podido llegar a influir y ejercer su prevalencia moral o intimidatoria en la persona que ha decidido realizar el nombramiento de Cristina Álvarez", entiende que no puede atribuírsele responsabilidad penal en ese aspecto ni a Gómez ni a Álvarez, ni al ahora delegado del Gobierno.
Sobre el pretendido delito de prevaricación administrativa, Peinado indica que los hechos objeto de la querella no irían en todo caso "más allá de una irregularidad en el nombramiento por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos". "Pero no exceden de la infracción administrativa, lo que conduce a que por este delito no pueda ser admitida a trámite, la querella", resalta.
Con la decisión que se ha dado a conocer este martes, ya son seis los investigados en esta causa: el recién imputado delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; la propia Begoña Gómez; su asesora Cristina Álvarez; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; el directivo del IE Business School, Juan José Güemes; y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez ha acordado imputar a cuatro de ellos tras tomarles primero declaración como testigos. En el caso de Gómez y de Martín Aguirre, el instructor ha optado por citarles como investigados directamente.
La causa nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.
Posteriormente, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.
