Un hombre acusado de un delito de cohecho por intentar sobornar a un agente medioambiental con 500 euros para hacer plantaciones ilegales en Touro (A Coruña), en octubre de 2023, ha aceptado una pena de dos años de cárcel.
No obstante, Fiscalía ha admitido la suspensión de la condena de prisión con la condición de que el encausado, nacido en 1963, no cometa ningún delito en el plazo de dos años.
Lo ha hecho tras reconocer los hechos el procesado y acordarse una pena de dos años de privación de libertad, el pago de una multa de 1.620 euros y el decomiso de los 500 del intento de soborno.
La abogada de la defensa ha solicitado, además, la suspensión de la ejecución de la sanción de cárcel y el representante del Ministerio Público ha aceptado. Por ello, la jueza ha acordado su cancelación con la condición de que el ya condenado no cometa ningún delito en un plazo de dos años. La sentencia es firme.
HECHOS
Según el escrito de conformidad -- firmado por fiscal, abogada defensora del procesado y letrado de la Xunta como acusación particular --, el acusado concertó una cita con el agente medioambiental en una glorieta de la autovía A-54, confluencia con la carretera N-547, en donde le explicó que quería hacer plantaciones para aprovechamiento maderero en unas parcelas en el municipio coruñés de Touro.
El trabajador dependiente de la Consellería do Medio Rural le contestó que no era posible hacer esas plantaciones, salvo en una parcela. "Al recibir una respuesta negativa", explica el documento, el encausado sacó 500 euros -- distribuidos en 10 billetes de 50 euros -- y afirmó que "había que llegar a un acuerdo" para poder plantar en esas fincas.
Acto seguido, el procesado "tiró los billetes dentro del asiento del copiloto en el coche oficial rotulado en el que se desplazó hasta el lugar el agente medioambiental" con "la intención de torcer el debido ejercicio del cargo del agente".
El agente solicitó al hombre que cogiera el dinero, "pero lejos de hacerlo así, el acusado abandona el lugar en su propio vehículo dejando en el interior del automóvil del funcionario público los 500 euros con los que pretendía alterar el recto ejercicio del cargo del funcionario público".
El efectivo denunció los hechos el 27 de octubre de 2023. Posteriormente, el acusado reconoció dicha actuación en sede judicial y colaboró con la investigación.
