Organizaciones de mujeres han firmado una carta dirigida a la jefatura de la Fiscalía de Granada, a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la mujer, al Observatorio contra la violencia doméstica y de género y al Observatorio Estatal de Violencia contra las Mujeres, exigiendo que "no se niegue a escuchar la voz del hijo menor de Juana Rivas".
Las organizaciones recuerdan que el juzgado número 3 de Granada ha decidido que el niño sea entregado este martes 22 de julio a su padre, Francesco Arcuri, "forzando su retorno a Italia".
"Nos consta que esta decisión judicial se produce en contra de los deseos del propio menor y que Daniel está pidiendo ayuda, para que su deseo de permanecer con su madre y de que no le obliguen a volver con un progenitor, con el que no quiere estar y al que teme, sea escuchado y tenido en cuenta por la justicia", aseguran.
Las entidades firmantes exigen a la Fiscalía que "haga lo posible para lograr una protección efectiva de Daniel y se detenga la salida del menor de su entorno familiar, al menos hasta que se resuelvan las cuestiones penales que tiene pendientes en Italia su progenitor y Daniel pueda ser escuchado por la justicia".
Asimismo, advierte de que el tribunal "no ha considerado oír la voz del menor", alegando que "una resolución dictada en otro Estado miembro no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al fondo", y lo sentenciado por un tribunal en este caso italiano, ha de cumplirse.
La decisión del Tribunal de Apelación de Cagliari que ha concedido "al maltratador" la guarda y custodia y pide que el niño regrese con su padre a Italia, cuenta, añaden las organizaciones, "con el consentimiento del Tribunal español, que ha desoído todas las peticiones de los abogados de Juana Rivas, de que el niño se expresara".
"En palabras de la jueza que lleva el caso en Granada la petición de escuchar al niño es "superflua y choca con el interés de menor" asumiendo la tesis de la resolución italiana, de que no existe riesgo alguno para el niño 'ni se ha acreditado ninguna conducta del padre que pueda perjudicar al menor', cuando Arcuri deberá presentarse ante la justicia acusado de maltrato habitual, apuntan las organizaciones.
Las entidades subrayan que España, que garantizan por ley el bienestar y la seguridad de los menores, "es responsable de proteger a Daniel, un ciudadano español, y no puede dejar su vida en manos del sistema judicial italiano, que ha demostrado su ceguera en este caso".
Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis, Federación de Mujeres Progresistas, Federación Mujeres Jóvenes, Enclave Feminista, FADEMUR, Asociación Mujeres para la Salud, Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Asociación de Mujeres Opañel, Fórum de Política Feminista, Federación Española Cáncer de Mama y Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres han firmado la carta.
