La Fiscalía de Málaga ha solicitado el sobreseimiento provisional del caso del conocido como “caso del crecepelo”, en el que se investigaba el suministro por error de minoxidil —un fármaco para la caída del cabello— a menores que debían recibir omeprazol. La causa afecta a 21 niños de entre dos meses y siete años en distintas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Cantabria y Valencia. El ministerio público considera que no hay base suficiente para mantener la acusación penal contra las cuatro personas investigadas, vinculadas a la empresa responsable del etiquetado.
Según el fiscal, ninguno de los menores sufrió efectos secundarios permanentes y todos recuperaron su estado previo una vez cesó el tratamiento erróneo. Los informes médicos concluyen que no necesitaron más que asistencia facultativa puntual, ya que el vello crecido a causa del minoxidil cayó de forma natural con el tiempo. Por tanto, las lesiones observadas no se consideran delito penal por imprudencia, sino leves, y estas no tienen reproche penal en su modalidad imprudente.
El error se produjo, según las conclusiones del fiscal, durante el envasado de los lotes 41, 42 y 43 de omeprazol, al haberse introducido por accidente minoxidil. Aunque no se pudo establecer con precisión la cadena de fallos, se comprobó que hubo incumplimientos en las buenas prácticas de la empresa, lo que favoreció el error. Sin embargo, la Fiscalía considera que no existió dolo ni riesgo grave para la salud pública, por lo que la actuación debe ser sancionada administrativamente, como ya ocurrió.
En cuanto al presunto delito contra la salud pública, el fiscal descarta intencionalidad o una conducta dolosa por parte de los responsables, ya que la empresa estaba autorizada para manipular ambos principios activos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios intervino y se suspendieron las actividades relacionadas con el minoxidil y el omeprazol. A juicio del ministerio público, los errores cometidos no alcanzan la categoría de imprudencia grave.
Pese a la petición de archivo por parte de la Fiscalía, las acusaciones particulares ejercidas por las familias de varios menores de Cantabria y Castellón siguen adelante. Estas solicitan la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Málaga y reclaman hasta cinco años de prisión para el administrador, el director técnico y un trabajador del laboratorio Farma Química Sur, responsable del etiquetado y distribución de los lotes defectuosos.
