La Sociedad Emerita Resources España ha registrado un escrito ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que celebra actualmente el juicio derivado de su denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación México-Minorbis. En dicho escrito se incorpora la reciente resolución de la Junta de Andalucía que autoriza el nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración del complejo minero adjudicado.
Formalizado el pasado 20 de marzo, el documento presentado por Emerita —que actúa como acusación particular tras haber concurrido sin éxito al concurso— incluye como prueba la autorización otorgada a la sociedad Minera Los Frailes, creada por Grupo México y Minorbis, como promotora del proyecto, a pesar de que "quien se presentó al concurso como licitador fue el consorcio Grupo México-Minorbis".
El concurso internacional fue convocado por la Junta de Andalucía y contó con la participación de Minorbis —filial de Magtel con respaldo de Grupo México— y Emerita Resources, que tras no resultar adjudicataria, denunció el proceso por la vía penal y contencioso-administrativa, alegando que su propuesta era superior en lo económico.
En abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó un recurso de Emerita, confirmando que Minera Los Frailes actuó conforme a derecho en la adjudicación. Aun así, Emerita solicita ahora que se considere esta documentación como “prueba sobrevenida” y subraya que no requiere la suspensión del juicio.
El juicio continúa esta semana con la declaración de Natalia González, ex directora general de Minas, en sustitución de María José Asensio Coto, una de las principales acusadas junto a Vicente Cecilio Fernández Guerrero y varios funcionarios implicados en el proceso de adjudicación, así como los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, de Magtel.
Cabe recordar que la jueza instructora Patricia Fernández Franco llegó a ordenar el archivo del caso en dos ocasiones al no ver indicios de delito. Sin embargo, las apelaciones de las acusaciones particulares llevaron a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la jueza Mercedes Alaya, a ordenar la reapertura del caso, que se juzga actualmente sin que la Fiscalía haya formulado acusación.
