Izquierda Unida (IU) Cartaya ha pedido al alcalde del municipio, Manuel Barroso (PP), que "ponga fin de inmediato" a lo que consideran "una espiral de violencia verbal sin precedentes", después de que el regidor "mostrara este lunes en el pleno municipal un arma blanca de enormes dimensiones mientras vinculaba la inmigración con la inseguridad ciudadana".
Así, según han indicado desde la formación a Europa Press, esta misma semana está previsto que el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y responsable institucional de IU en Huelva, David F. Calderón, acuda a la Fiscalía para denunciar estos hechos tras "varios días de declaraciones incendiarias por parte del alcalde, ampliamente criticadas por colectivos sociales, sindicatos y entidades defensoras de los derechos humanos".
Estos hechos han sucedido a raíz de que el jueves de la semana pasada el dueño de un establecimiento cartayero fuera agredido con arma blanca por un hombre que entró a robar y que fue detenido el viernes por la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron pasadas las 21.00 horas del jueves, cuando el detenido entró en un establecimiento de la avenida Gibraleón de la localidad y asestó varias puñaladas con un arma blanca a un hombre de mediana edad que se encontraba en su interior y que es uno de los propietarios del mismo.
El agredido fue atendido por los servicios de emergencias y fue evacuado al Hospital Infanta Elena de la capital y cuyo estado, según confirmó el Ayuntamiento cartayero, era estable.
Tras ello, el primer edil cartayero publicó un vídeo en su cuenta de Facebook, en el que transmitía su "indignación" al señalar que su municipio y "otros pueblos" tenían un "problema muy grave" con "la inmigración ilegal" mientras "el Gobierno de España pasa absolutamente de los españoles". "Son persona que entran ilegalmente y que se están dedicando solo a delinquir", añadió.
"Tenemos gente durmiendo en los polígonos, en las plazoletas, en las calles, mendigando. Son personas que han entrado ilegalmente y que se están dedicando solo a delinquir, a hacer el mal. Están saturando la sanidad, la educación. Es que es tanto el daño que nos está haciendo que no podemos hacer absolutamente nada porque el Gobierno de España no echa a nadie. Estamos desesperados", aseveró antes de decir que "el 80% de los delitos" que estaban teniendo en el municipio "son de personas ilegales que están delinquiendo para sobrevivir".
Asimismo, afirmó que "los ciudadanos" y los padres estaban "asustados" porque "no pueden dejar a sus hijos por la calle, porque la inmigración ilegal no para de hacer daño", toda vez que apuntó que en su municipio había "muchísimas personas que son inmigrantes que vienen a hacer el bien, que vienen con su familia, con su documentación, que vienen a formarse, a trabajar, a hacer las cosas bien" y que "ese tipo de inmigración va a ser bien recibida en Cartaya" pero no "aquellas personas que vienen a delinquir".
Ante ello, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, respondió a Barroso mostrando su "firme rechazo" a las "irresponsables declaraciones" efectuadas por parte del alcalde del municipio, al considerar que "relacionar este asunto con la inmigración ilegal, vinculando la comisión de delitos en el municipio con la presencia de inmigrantes" implicaba "no solo un discurso xenófobo, sino un discurso carente de todo rigor" basado en "un relato incierto que para nada está avalado en modo alguno con la realidad ni con la estadística delincuencial y la tasa de criminalidad a dicho momento".
Por su parte, Barroso publicó otro vídeo el lunes para "defenderse" ante las palabras de la subdelegada afirmando que "para nada era xenófobo" pero que estaba "indignado" porque Rico era "la máxima responsable de la seguridad" pero "no hacía nada en Cartaya porque no le importa absolutamente nada" y le pedía "soluciones ante la inmigración ilegal" al tiempo que mostraba en el vídeo un cuchillo de grandes dimensiones, apuntando que había sido retirado "a un inmigrante ilegal" y llamaba a "cambiar la ley" para, "como mínimo, devolverlo a su país".
ARMA EN EL PLENO Y "RUPTURA DE CUSTODIA"
Tras esto, IU ha criticado que durante la celebración del pleno municipal de Cartaya este pasado martes el alcalde "mostró el arma en un pleno televisado en directo", mientras que señalaba que "la portaba un inmigrante ilegal para asustar a los niños y quitarle los teléfonos móviles".
"Es absolutamente inadmisible que el alcalde de Cartaya use su cargo para sembrar odio y miedo en la población. Lo sucedido en Pleno, exhibiendo un arma mientras relacionaba inmigración con delincuencia, es un acto gravísimo que vulnera toda ética institucional y puede tener consecuencias sociales gravísimas", indicó Calderón.
Asimismo, el dirigente de IU apuntó a la "escalada de declaraciones incendiarias a través de sus redes sociales y en intervenciones públicas, donde ha culpado directamente a personas migrantes en situación irregular de ocupar viviendas, saturar la sanidad y la educación", generando "una alarma social que ha sido condenada por CCOO, la asociación CARPA y distintas plataformas por los derechos humanos".
Por ello, Calderón ha pedido a Barroso que "piense en su pueblo y pare" y asegura que existe "base suficiente" como para que la Fiscalía "considere iniciar un expediente de oficio no sólo por un delito continuado de odio contra las personas migrantes", sino también por "la ruptura en la custodia de las pruebas", ya que, "según ha declarado el alcalde, el arma que mostró en el pleno forma parte de una investigación por delito de robo y amenazas que nunca debería haber terminado en sus manos si es cierto lo que dice".
"El discurso del odio puede tener consecuencias muy graves, como ocurrió en El Ejido en el año 2000, donde se produjo una de las más graves oleadas de violencia xenófoba del país", ha dicho antes de exigir "responsabilidad institucional, respeto a la convivencia y la retirada inmediata de cualquier mensaje que alimente el racismo y la violencia".
Izquierda Unida ha solicitado que se abra una investigación sobre lo ocurrido, al considerar que "este tipo hechos no pueden quedar impunes". "El Ayuntamiento no puede convertirse en un altavoz para la extrema derecha ni en un espacio hostil para la tolerancia, la diversidad y la fraternidad entre pueblos hermanos", ha zanjado el portavoz de IU.
Igualmente, desde la formación se hace "un llamamiento" a todas las fuerzas políticas democráticas y a la ciudadanía a "levantar un muro social frente al odio y la intolerancia" y a "defender los valores constitucionales de igualdad, dignidad humana y convivencia pacífica".
