La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la Operación Medicis II, ha investigado a seis personas acusadas de emitir informes fraudulentos de aptitud psicofísica, documentos indispensables para la obtención o renovación de permisos de conducir, licencias de armas, titulaciones náuticas, acreditaciones para ejercer como vigilante de seguridad o licencias para la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
Entre los investigados figuran directores de centros médicos, médicos y psicólogos. Se les imputan delitos de falsedad documental y estafa, y en algunos casos, también intrusismo profesional o usurpación de identidad.
Durante la operación, se ha identificado a 21 personas que no cumplían los requisitos médicos exigidos para poseer licencias de armas. Estas licencias ya han sido revocadas.
La investigación se inició tras detectar una serie de anomalías en los informes de aptitud psicofísica presentados por particulares ante la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cádiz, organismo competente en la tramitación de permisos de armas y acreditaciones para seguridad privada en el ámbito rural.
Un análisis detallado de cientos de informes reveló inconsistencias y posibles irregularidades en los documentos emitidos por varios centros de reconocimiento de la provincia gaditana. Esto motivó inspecciones en diversos centros, considerados desde el inicio como principales sospechosos de emitir certificados falsos.
Pruebas sin reconocimiento médico real
Las investigaciones, que se prolongaron durante varios meses, confirmaron que en algunos casos los informes se expedían sin realizar los reconocimientos médicos obligatorios. En otros, profesionales sin titulación habilitante firmaban o validaban los exámenes, e incluso se detectó a un farmacéutico jubilado realizando pruebas de agudeza visual.
Declaraciones recogidas por los agentes a los propios clientes, antes y después de su paso por los centros, revelaron que muchos no habían sido evaluados por los especialistas requeridos o que sólo se les realizó un examen parcial. En algunos casos, se ocultaron patologías crónicas que deberían haber determinado un resultado de No Apto o Apto con restricciones.
Estas prácticas suponen una grave competencia desleal frente a los centros que operan dentro de la legalidad, cumpliendo con todos los requisitos profesionales y sanitarios, lo que encarece los costes operativos.
La Guardia Civil ha podido constatar que en al menos dos centros se desarrollaban actividades delictivas. Como resultado, se ha procedido a la investigación de seis personas —tres en cada centro— por falsedad documental y estafa, además de otros posibles delitos.
En total, se han inspeccionado 12 centros, detectándose 14 infracciones administrativas calificadas como graves o muy graves.
Fruto de la investigación, se ha identificado a 38 personas cuyos certificados de aptitud presentan serias dudas sobre su validez. La Guardia Civil ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz que verifique sus condiciones psicofísicas. De estas 38 personas, 21 no cumplían los requisitos o renunciaron voluntariamente a sus licencias antes de someterse a una nueva evaluación médica.
La operación ha contado con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz y la Delegación Territorial de Salud y Consumo, cuya cooperación ha sido clave para el avance de las investigaciones.
Desde la Guardia Civil se subraya la extrema gravedad de los hechos, dado el potencial peligro que implica el uso de armas de fuego, embarcaciones o vehículos por personas que no reúnen las condiciones psicofísicas necesarias. Igualmente, recuerdan la importancia de una regulación estricta en la tenencia de animales considerados potencialmente peligrosos, para evitar que personas no aptas puedan obtener las certificaciones de forma fraudulenta.
