La Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por Cointer Concesiones S. L, respecto a la sentencia del 13 de febrero de 2024 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el procedimiento de contratación de limpieza viaria y recogida de residuos en el término municipal de Cádiz, que fue adjudicado a Acciona y, tras renuncia, a Valoriza, con un presupuesto de 152 millones. Cerrado este frente, dado que no cabe recurso, aún queda por resolver otro litigio que puede costarle caro al Ayuntamiento.
La anterior concesionaria del servicio, Sufi-Cointer, presentó una reclamación vía administrativa en enero de 2023 y luego lo convirtió en una demanda ante el contencioso-administrativo por el que reclama 7,5 millones de de euros al Consistorio.
Sufi-Cointer firmó el contrato de prestación del servicio el 15 de junio de 2006, con Teófila Martínez como alcaldesa, por diez años. El contrato establecía la posibilidad de prorrogarlo un año y una prórroga forzosa de otro más. Esta se formalizó hasta el 31 de junio de 2018. Sin embargo, el equipo de Gobierno de José María González, Kichi, y aprobó en Pleno otras tres prórrogas anuales, hasta que publicó el nuevo pliego en 2019. El tortuoso procedimiento de contratación finalizó con la adjudicación en diciembre de 2022 y el pliego comenzó a ejecutarse el 1 de febrero de 2023.
Sufi-Cointer entendió que desde el 1 de agosto de 2018 hasta que la nueva concesionaria se hizo cargo del servicio estuvo en una situación de continuidad en la prestación, por lo que reclama el perjuicio económico por mantener el servicio con el mismo precio que estuvo pagando durante la vigencia del contrato, pese al incremento de costes directos e indirectos, por lo que reclama los citados 7,5 millones de euros.
La demanda tiene fijada para enero del próximo año la práctica de pruebas periciales. Tras ello, cada una de las partes presentarán sus conclusiones finales y será entonces cuando se falle la sentencia.
A partir de ahí, si alguna parte lo considera, puede apelar ante el Tribunal Superior de Justicia, en primera instancia, y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo, en segunda.
