La Policía Local de Málaga ha denunciado a una mujer de 53 años como presunta autora de un delito de maltrato animal prolongado en el tiempo. En su vivienda, ubicada en la barriada Cortijo Alto, convivían 33 perros (uno de ellos fallecido) y nueve gatos en condiciones insalubres, sin microchip, extremadamente delgados y sin cuidados básicos. Las actuaciones se remontan a 2019, pero la implicada se negaba reiteradamente a colaborar con los servicios municipales, por lo que el Ayuntamiento solicitó autorización judicial para acceder al inmueble.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo autorizó el pasado 22 de febrero la entrada forzosa en la vivienda tras las denuncias vecinales por malos olores, suciedad y molestias causadas por la presencia masiva de animales. Una intervención conjunta de agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona), del Grupo Operativo de Apoyo, de la Jefatura de Distrito y técnicos municipales permitió el acceso, tras forzar la entrada por la negativa de la propietaria.
En el interior, los servicios comprobaron la falta de agua, luz, mobiliario y el mal estado general del inmueble. Los animales presentaban desnutrición, uñas muy largas, heridas, alopecia y algunos tenían dificultades de movilidad. Todos fueron trasladados al Centro de Protección Animal Municipal (Cepam), desde donde algunos han sido ya cedidos en acogida. La intervención también incluyó la retirada de cinco bombonas de gas tras presuntas amenazas por parte de la mujer si le quitaban los animales.
A la implicada se le atribuyen múltiples infracciones, como la tenencia de animales no registrados ni esterilizados, falta de vacunación, no proporcionar atención veterinaria y generar molestias a los vecinos. Además, incumplía la normativa que limita el número de animales por vivienda sin autorización especial, ya que se excedía ampliamente del máximo legal permitido.
La mujer ha sido denunciada pero no detenida, e informada de sus derechos como investigada por un delito de maltrato animal. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, y se considera que la implicada no está capacitada para la tenencia de animales debido a la gravedad de los hechos.
